TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Carta de Congresistas de EE.UU enviada al presidente Donald Trump ha vuelto a poner en la mira anticorrupción a la intocable institución hondureña COALIANZA y la concesión otorgada a la Operadora de Puerto Cortés.
La forma de operar de COALIANZA ha sido denunciado por varios sectores en Honduras y especialmente por investigaciones de Tiempo Digital.
Una de las razones es que la mayoría de contratos que adjudica COALIANZA es a través de los “fideicomisos”. Esto da lugar a que la información y detalles sobre el concurso se mantengan en secreto. Lo anterior por ser un concurso privado.
La Carta de los congresistas de EE.UU. y la vinculación de COALIANZA se establece a raíz de una investigación periodística y los nombres de los empresarios que en ella se mencionan.
La publicación en referencia la hizo la revista Séptimo Sentido, de diario Prensa Libre de El Salvador. Ellos fueron los primeros en alertar de las fraudulentas maniobras que se ejecutaban dentro y fuera de COALIANZA. Esos hechos ocurrieron allá por el 2013.
La revista Séptimo Sentido investigaba a los empresarios salvadoreños José Luis Merino y Enrique Rais. En esa larga investigación se encontraron correos electrónicos enviados por ellos que revelaban una trama que los conecta con Honduras
Eran las secretas negociaciones llevadas a cabo sobre la concesión de la terminal de Puerto Cortés. Eso sí, llegaron ahí por casualidad.
Preguntas de la investigación
La investigación de la revista preguntó en aquel momento; ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?
Séptimo Sentido respondió que se trataba de personas provenientes de varios países. Esto en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión. Al hacerlo le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones, se responde la revista salvadoreña al hacer un análisis de la situación.
El trabajo periodístico apunta, además, que la oferta de TCB para afianzarse el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.
La investigación detalla minuciosamente lo ocurrido antes, durante y después del concurso. También una serie de irregularidades.
La punta de la madeja
El escrito cuenta que “apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de Puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Esta era la compañía que se había adjudicado la concesión hondureña y que luego cambió de nombre. Actualmente se llama la OPC.
Séptimo Sentido aseguró que el ejecutivo de COALIANZA lo hizo como “chef commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn.
Vea aquí reportaje completo de Revista Séptimo Sentido
Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó a la revista salvadoreña, que no estaba enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.
La investigación realizada por la revista Séptimo Sentido establece que el principal apoyo que tuvieron los salvadoreños, podría ser el expresidente Porfirio Lobo Sosa, a través de COALIANZA. Pues Lobo era el gobernante en ese momento.
Correos detallan lo que pasó
La publicación enlaza un cruce de correos electrónicos de los más de 50 que habría emitido Rais y los involucrados en la fallida trama. Estos se detallan a continuación:
“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió el español Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de Puerto Cortés.
Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo. Sin embargo, cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino no tuvo efecto. “A TCB le hicieron un traje a la medida”, señalaba la publicación de Séptimo Sentido.
Surgen cambios en el contrato de licitación
El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.
Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Conteiner Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos.
La vocera de esta última compañía, ahora OPC, remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.
Ofertas coincidieron
Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos. Pero la diferencia para que (ICTSI se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621, 516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624, 371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.
Cinco años después de esta publicación los nombres de Luis Merino y Enrique Rais vuelven a ser noticia. Esta vez a través de una carta enviada por varios congresistas estadounidenses al presidente Donald Trump, con fecha 2 de agosto.
En la misiva aparecen los nombres de los dos salvadoreños, dos guatemaltecos y un mexicano. Estos señalamientos son con base a la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos (“Global Magnitsky Act”).
En el documento también se señala al diputado por el departamento de Colón, Oscar Ramón Nájera. Convirtiéndolo en el primer hondureño señalado para ser investigado por corrupción y crimen organizado.
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Cinco años después de esta publicación los nombres de Luis Merino y Enrique Rais vuelven a ser noticia. Esta vez a través de una carta enviada por varios congresistas estadounidenses al presidente Donald Trump, con fecha 2 de agosto.En la misiva aparecen los nombres de los dos salvadoreños, dos guatemaltecos y un mexicano.
Estos señalamientos son con base a la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos (“Global Magnitsky Act”).
En el documento también se señala al diputado por el departamento de Colón, Oscar Ramón Nájera, como el primer hondureño señalado para ser investigado por corrupción y crimen organizado.
Debe saber
La “Ley Global Magnitsky” es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.
La ley se aprobó en 2016 por el Congreso de EEE.UU inspirada en la “Ley Magnitsky”, de 2012.
Según la sección 1263 (d) de la Ley Global Magnitsky requiere la presentación de informes al Congreso. Estos con actualizaciones relevantes de la lista de personas y entidades sancionadas. Así como las respuestas a las solicitudes del Congreso de investigaciones de sanciones específicas de conformidad con la ley.
En Honduras aún no hay señales de estos hechos se hayan investigado. Tampoco la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) no ha secuestrado documentos en Coalianza.
