Redacción. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con el apoyo de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lograron la captura de un ciudadano hondureño de 30 años, señalado como miembro activo, y presuntamente uno de los líderes de la organización criminal conocida como la “Banda del Mango”.
La detención se efectuó en La Lima, Cortés, al momento en que el individuo arribó al país en un vuelo de deportados, procedente de Alexandria, Estados Unidos. Agentes especializados, desplegados en el lugar, ejecutaron la captura con base en una orden judicial emitida el 27 de febrero de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
La justicia hondureña requiere al detenido, originario y residente de un sector de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por considerarlo responsable del delito de asociación para delinquir, en perjuicio de otros derechos fundamentales.
La detención de este individuo representa un avance significativo en las investigaciones que desde enero de 2023 se desarrollan en torno a la “Banda del Mango”, una estructura criminal señalada por su participación en múltiples actividades ilícitas en distintas regiones del país.

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Investigación
Las autoridades han identificado a esta organización como responsable de robos agravados, secuestros, homicidios, y otros delitos de alto impacto.
Uno de los hechos clave en el desarrollo de la investigación se realizó el 24 de enero de 2023. En ese momento, presuntamente miembros de la banda intentaron hurtar en una ferretería del municipio de San Rafael, Lempira.
Gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad, se logró identificar a varios integrantes del grupo criminal, entre ellos el ahora capturado. De acuerdo con los informes oficiales, la “Banda del Mango” está conformada por al menos 24 integrantes. Entre ellos se encuentran policías, exagentes policiales y civiles.
A todos se les atribuyen distintos niveles de participación en delitos como tentativa de secuestro, incluyendo casos en los que se presume la implicación de funcionarios públicos. Además, se investigan actos preparatorios para cometer asesinato, robo con violencia, hurto y asociación para delinquir.
Estas acciones han afectado tanto a empresas privadas como a establecimientos comerciales, figuras políticas, testigos protegidos y otros ciudadanos.
