TEGUCIGALPA, HONDURAS. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron en las últimas horas a un empleado del Ministerio Público (MP), acusado de destruir un carro de la institución mientras lo conducía en estado de ebriedad.
Al acusado en el caso se le identificó como German Javier Rosa Inestroza, quien se desempeñaba como técnico de mantenimiento de la regional norte. A él se le supone responsable del delito de malversación por uso en perjuicio de la administración pública.
Luego de requerirlo, al ciudadano lo trasladaron al Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Es precisamente en esta instancia judicial donde la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) interpuso la acusación.
![Empleado del MP](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2024/08/Diseno-sin-titulo-2024-08-20T080123.074-1.jpg)
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El hecho
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el delito por el que ahora se le acusa a Rosa Inestroza va relacionado con la destrucción y pérdida total de un carro propiedad del Ministerio Público (MP).
Asimismo, las diligencias de los agentes de investigación de delitos contra la administración pública y patrimonial de la ATIC de San Pedro Sula, indican que el percance se suscitó el 15 de abril de 2023.
Ese día, a eso de las 12:45 de la madrugada, German Rosa conducía el automotor del MP bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. A la altura de la carretera CA-4 en Cofradía, Cortés, al norte de Honduras, colisionó con otro vehículo.
![Ministerio Público](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2024/08/Diseno-sin-titulo-2024-08-16T090642.501-1.jpg)
Debido al fuerte impacto, el automotor propiedad del Ministerio Público, asignado en la zona norte, quedó completamente destruido e inservible.
El ente acusador del Estado destacó que el artículo 475 del Código Penal de Honduras establece que comete el delito de malversación por uso el funcionario o empleado público, que indebidamente usa o permite que otro use bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia tiene encomendada por razón de sus funciones y causa con ello un perjuicio al patrimonio público y deberá ser castigado con penas de cuatro a seis años de cárcel.