CORTÉS, HONDURAS. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), le dieron formal captura al guardia de seguridad acusado de la muerte violenta de su hijo de 12 meses, la de su exsuegra y el intento de femicidio en contra de su expareja.
A este sujeto se le presume responsable de los delitos de feminicidio, parricidio, femicidio en su grado de ejecución de tentativa, violación agravada, porte ilegal de armas de fuego y quebrantamiento de medidas.
Tras conocer el caso, las autoridades policiales efectuaron una minuciosa investigación en la escena del crimen. En consecuencia, gracias a las pruebas técnicas y científicas lograron identificar a este ciudadano como principal sospechoso del crimen.
La captura la efectuaron investigadores del Departamento de Feminicidios y Delitos Conexos (DFDC) de la DPI, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), exactamente en la colonia Monte Alegre de San Pedro Sula.
El encausado es un hombre de 22 años de edad, originario y residente en la colonia San Juan de La Lima, Cortés. Ahora, él deberá de responder ante la justicia por todos los delitos que se le imputan.
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Investigación tras los hechos
De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron el jueves 12 de octubre del año en curso, en la colonia Monte Alegre de SPS. En el lugar, se originó una discusión entre el sospechoso y su expareja, y él sacó un arma de fuego, disparando contra su propio hijo y su exsuegra, quitándoles la vida de inmediato.
La dama y expareja del sospechoso, logró escapar del lugar y buscar ayuda. Luego, elementos de la DPI llegaron a intervenir el lugar de los hechos.
Además, el imputado va enfrentar cargos por la supuesta violación agravada en contra de su excuñada. Según el reporte, la venía abusando sexualmente desde hace varios meses.
Entre tanto, el arma con la que cometió el crimen es propiedad de la empresa de seguridad para la que el sospechoso laboraba. Es por ello, que la van a enviar a los laboratorios forense para realizar el peritaje correspondiente.
El ciudadano está bajo custodia policial y se va poner a la orden de los entes competentes para que se le siga con el proceso legal que demanda la ley, por los delitos que se le imputan.
