REDACCIÓN. Los servicios de salud del gobierno regional catalán dieron parte de 91 heridos en los incidentes ocurridos este domingo durante la celebración del referéndum de independencia, que la policía trata de impedir.
Un portavoz de los servicios de salud precisó que éstos habían atendido a 337 personas en hospitales y centros de salud, entre ellos 90 heridos confirmados y un herido grave, alcanzado en un ojo. Por el momento no había diagnósticos sobre los demás.
Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional y la Guardia Civil irrumpieron en numerosos centros de votación en toda Cataluña, en ocasiones forzando puertas a golpes, para incautar papeletas y urnas e impedir así la celebración de la consulta.
Pese a ello, en otros centros podían verse inmensas colas de gente esperando o depositando su papeleta en la urna. El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, aseguró por su parte que el 73% de las mesas electorales «están funcionando».
«Mi voto y la satisfacción de haber votado no me lo puede quitar nadie, pase lo que pase. Incluso he llorado porque hace años que luchamos por esto, y he visto delante de mí una mujer de noventa años en silla de ruedas que votaba», contó a la AFP en el pequeño pueblo de Lladó una votante, Pilar López, administrativa de 54 años.
El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, denunció enérgicamente las actuaciones policiales, arremetiendo contra «el uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español».
El propio Puigdemont no pudo votar en el polideportivo donde había previsto hacerlo inicialmente, ya que la Guardia Civil entró en él por la fuerza para incautar el material electoral, ante las imprecaciones de decenas de personas que cantaron con el puño en alto un himno catalán antifranquista.
El dirigente votó en otro colegio, gracias a que a última hora el gobierno catalán instauró un censo único, por el que los 5,3 millones de catalanes convocados pueden votar en cualquier centro abierto.
El representante en Cataluña del gobierno conservador español, Enric Millo, compareció en Barcelona para pedir «solemnemente» a Puigdemont «que ponga fin a esta irresponsabilidad tan grave».
«Se han llevado las urnas por la fuerza»
En los colegios que lograron abrir, el proceso de votación se veía seriamente dificultado por los fallos informáticos. La Guardia Civil indicó durante la mañana que había desactivado el censo universal.
En el colegio Ramón Llull de Barcelona, la Policía Nacional forzó primero la reja y luego la puerta de cristal del edificio, entre decenas de personas que se precipitaron para intentar cerrarle el paso.
Finalmente, los agentes se llevaron urnas, mientras la gente les gritaba «¡Votaremos!» y «¡Las calles serán siempre nuestras!», constató una periodista de la AFP.
«Se han llevado las urnas por la fuerza, porque los presidentes de las mesas agarraban las urnas con las dos manos y se las arrancaban literalmente de las manos mientras nosotros seguíamos cantando Els Segadors (el himno catalán) y gritando ‘Viva la democracia'», explicó el apoderado de este colegio, Marc Carrasco.
Cuatro horas antes del comienzo del voto, miles de ciudadanos, en Gerona, Barcelona, Lérida o Tarragona se habían reunido pacíficamente ante centros de votación, para intentar protegerlos del cierre y desalojo ordenado por una jueza.
«En Cataluña estamos en el punto que creemos que es esencial decidir si continuamos con el Estado español», decía a la AFP Pau Valls, universitario de 18 años que acampó durante la noche ante el colegio Jaume Balmes en el centro de Barcelona.
Años de tensión
El referéndum de este domingo, cuya pregunta es «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?», culmina años de creciente tensión entre Madrid y el gobierno de esta región con lengua propia, que cuenta con 7,5 millones de habitantes y representa el 19% del PIB español.
Aunque dividida sobre la cuestión de la secesión, más del 80% de los catalanes reclama esta consulta, rechazada por el gobierno español de Mariano Rajoy, que la considera anticonstitucional.
Desde su convocatoria a principios de septiembre, rápidamente suspendida por el Tribunal Constitucional, la justicia y el gobierno españoles emplearon todos sus recursos para impedirla, incluyendo el envío de 10.000 refuerzos policiales, sin conseguir laminar la determinación de Puigdemont.
«Por más rechazo que el gobierno español ejerza, esto no nos envía a casa», advirtió el sábado en una entrevista a la AFP.
Previsiblemente, muchos partidarios del no optarán sin embargo por abstenerse en esta votación prohibida, temerosos de que una alta participación refuerce a los dirigentes independentistas.
