Por las vísperas se deduce que el próximo proceso electoral será sui géneris, como pocas veces en Honduras, a consecuencia del empeño en mantener el statu quo político-electoral en procuración del continuismo del régimen totalitario.
De los varios cambios indispensables para acondicionar el sistema político-electoral a la realidad multipartidaria actual, probablemente el balotaje o segunda vuelta electoral es la más trascendental, por no decir la clave. Los demás cambios inherentes a la reforma del sistema, si bien de urgente aplicación, no tienen mayor incidencia estructural en relación con el quiebre bipartidista.
Parece demasiado evidente que el propósito del Partido Nacional (PN) “hecho poder”, o sea el eje del totalitarismo (que, por cierto, va más allá de su tradicional conservadurismo), echa mano de todos los recursos disponibles para atrancar la reforma política-electoral.
El principal de estos recursos disponibles es el financiamiento del proceso electoral en sus dos etapas, la primaria y la general, mientras hace el acopio acostumbrado del dinero público para costear la campaña reeleccionista a través de la propaganda institucional, aparentemente de gobierno pero descaradamente de culto a la personalidad, algo característico de los regímenes fascistas.
También, y no menos importante, es el control personalista de la bancada legislativa del PN, ampliada con diputados adláteres de otros partidos, dentro del Congreso Nacional y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo objetivo parece ser el colapso de las elecciones primarias, precisamente para derrocar el único mecanismo existente de democratización interna de los partidos.
Estos dos pasos –evitar la adecuación de la segunda vuelta electoral y asfixiar el proceso electoral interno–, amén de constituir un proyecto antidemocrático y regresivo, daría lugar, sin embargo, a nuevas emergencias electorales de oposición, en cierto modo inéditas y en sintonía con la pluralidad partidista, casi como vereda del balotaje.
En 1970, por ejemplo, hubo el intento, en el marco de la doctrina del poder tutelar de las Fuerzas Armadas (Gral. López Arellano, presidente), de reparar el bipartidismo mediante una candidatura presidencial única, con vista a las elecciones generales de ese año. Se firmó un pacto bipartidista, pero únicamente en lo concerniente a las elecciones legislativa y municipal, que, para ser concisos, devino en el golpe de Estado de 1972.
Ahora, dentro de la crisis política actual, de mucha más profundidad que la del bipartidismo en 1970, la ocurrencia de la segunda vuelta electoral sería la salida correcta, dándole al sistema la oxigenación democrática indispensable. La cerrazón continuista y el designio fascista de aplastar la soberanía popular, obligaría, como reto histórico, a la unidad multipartidaria –al revés de 1970—, en función de país, para enfrentar al régimen continuista en las elecciones generales de 2017 con una candidatura presidencial única, pero con elecciones legislativas y municipales separadas.
Es muy temprano, por supuesto, para abordar en la práctica un pacto político-social de tanta trascendencia, pero, de cualquier manera, es innegable la necesidad de abordar la unidad multipartidista para salvar a Honduras de la tiranía y, sobre todo, para darle a nuestro país, a la sociedad y el pueblo hondureño, la mejor alternativa viable de su desarrollo político, económico y social justo y equitativo, en auténtica democracia.
