Redacción. Representantes de diversas organizaciones campesinas se congregaron este jueves en los bajos del Congreso Nacional (CN) para realizar un plantón, con el objetivo de visibilizar sus demandas y preocupaciones frente a políticas que consideran injustas.
Durante el acto, expresaron su rotundo rechazo al modelo de licenciamiento ambiental que, según denunciaron, privilegia los intereses de empresas extractivas en detrimento de los territorios, los bienes comunes y las comunidades que los habitan.
Los manifestantes cuestionaron la aprobación acelerada de licencias ambientales, exigiendo una revisión profunda de dicho modelo, así como reformas integrales que garanticen la protección de los derechos humanos y ambientales.
Entre las demandas más destacadas figura la necesidad de una reforma real al delito de usurpación, además de una solución justa y humanitaria para las personas criminalizadas por su participación en luchas sociales por el acceso a la tierra y la vivienda.
Otro eje de la protesta fue el rechazo al llamado Protocolo de Desalojo promovido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los participantes lo calificaron como una herramienta de represión institucional contra comunidades organizadas que defienden el derecho a una vida digna. Las pancartas portadas por los manifestantes exigían el retiro de esta propuesta, argumentando que vulnera principios básicos de justicia social y protección ambiental.
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Mecanismo
El motivo de esta movilización tiene lugar en medio del debate legislativo sobre un proyecto de ley que busca acelerar los procesos de emisión de licencias ambientales. La iniciativa, presentada como un mecanismo para “fomentar inversiones” mediante la agilización administrativa, propone que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) resuelva las solicitudes de licenciamiento en un máximo de 60 días. Si el plazo no se cumple, la licencia sería aprobada automáticamente.
Aunque desde el CN se presenta esta ley como un avance legislativo, organizaciones de la sociedad civil, analistas ambientales y diversos sectores políticos han advertido sobre los riesgos. En particular, señalan que su implementación podría tener consecuencias negativas para la protección de los ecosistemas. También apuntan a que incidiría negativamente en el respeto a los derechos comunitarios.
Entre las principales preocupaciones se señala que la propuesta prioriza la eficiencia procedimental sobre el rigor técnico. En este sentido, la transparencia y la participación ciudadana, son elementos fundamentales para garantizar procesos ambientales responsables.
Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido y a la espera de un tercer debate. Sin embargo, la controversia que ha generado refleja la profunda tensión entre los modelos de desarrollo económico y las demandas de protección territorial por parte de comunidades presuntamente marginadas.
La protesta se erige así como un llamado urgente a repensar las políticas públicas en materia ambiental.
