Redacción. La tensión en el occidente de Honduras escaló este lunes tras un violento desalojo ejecutado por la Policía Nacional contra pobladores de Quimistán, en Santa Bárbara, que mantenían una protesta pacífica sobre la carretera CA-4, a la altura del Puente Cañas.
La manifestación se realiza en rechazo al proyecto hidroeléctrico El Tablón, el cual, según denuncian, amenaza con desplazar a más de dos mil personas y causar un grave daño ambiental.
En medio de la intervención policial, al menos cinco manifestantes resultaron heridos, entre los que había campesinos y defensores del territorio.
Los heridos fueron auxiliados por otros vecinos y trasladados a centros asistenciales de la zona. Testigos denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del contingente que llegó a despejar la vía.
“Fue una represión sin sentido. Solo estábamos aquí por nuestras tierras, por nuestras familias. Nos golpearon y aun así no nos vamos a callar”, dijo uno de los manifestantes que presenció el operativo.
Durante horas de la mañana, la toma se desarrollaba en calma. Los pobladores permitían el paso de vehículos livianos y motocicletas, mientras sostenían pancartas con mensajes como “Sí a la vida, no al despojo”, y “El territorio no se vende, se defiende”.
Sin embargo, tras varios intentos fallidos de diálogo, los cuerpos policiales optaron por desalojar a los manifestantes de manera abrupta.
Luis Alejandro Arita, integrante del Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Quimistán, lamentó la violencia ejercida contra los vecinos y aseguró que la lucha no terminará.
“Esta es una lucha legítima. Lo que exigimos es ser escuchados. Nos oponemos al desalojo forzado de nuestras comunidades, no al desarrollo”, expresó.
Afectación de esta construcción
Las comunidades de San Marcos y Quimistán han reiterado que el proyecto hidroeléctrico El Tablón no fue consultado con los pobladores, pese a que implica la inundación de varias aldeas, el desplazamiento de más de 2,150 personas y un impacto irreversible en la biodiversidad de la región.
“Esto no es solo una toma, es una defensa de la vida. Hemos vivido por generaciones en estas tierras. No aceptaremos que nos callen con golpes ni con miedo”, dijo otra manifestante, mientras en el fondo resonaban tambores improvisados y consignas de resistencia.
Organizaciones locales de derechos humanos han comenzado a documentar lo ocurrido y piden al Estado hondureño garantizar el derecho a la protesta pacífica, investigar el uso de la fuerza por parte de la Policía y abrir canales de diálogo reales con las comunidades.
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Hasta la tarde de este lunes, las autoridades dispersaron temporalmente la toma, pero los pobladores confirmaron que planean nuevas acciones para defender su territorio. “Seguiremos en pie. La lucha por el agua, la tierra y la vida no se detiene”, concluyó Arita.
