Redacción. Las tensiones políticas escalaron luego de que Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, lanzara duras críticas contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por su respaldo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) sin verificación humana.
A través de sus redes sociales, Vásquez acusó a Redondo de “querer engañar al pueblo” y de justificar un sistema “idéntico al de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. “Eso no es democracia, eso es fraude”, escribió. “Honduras no va a aceptar su farsa electoral. Vamos a defender la voluntad del pueblo cueste lo que cueste”.
El ataque verbal del también ex candidato presidencial se da en medio del debate nacional sobre el modelo electoral que se implementará en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. En particular, el uso del TREP sin verificación humana ha encendido las alarmas entre sectores de oposición, quienes advierten que el sistema podría abrir las puertas al fraude.
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Redondo rechaza creación de nuevo órgano electoral
El señalamiento ocurre luego de que Redondo, afín al oficialismo, se pronunciara en contra de introducir lo relacionado con la incorporación de mecanismos de verificación paralela en el sistema TREP.
Redondo defendió que el proceso utilizado en las elecciones de 2021 es el que debe mantenerse, al considerar que ya está respaldado por la legislación vigente.
El diputado también denunció lo que describió como un intento de “crear un nuevo órgano electoral”. Esto, según él, representaría una violación a la Ley Electoral y a la Constitución.
“Lo que se ha sugerido es un nuevo componente que no está establecido en la Ley Electoral y que viola la legislación vigente. Es casi el mismo procedimiento que se utilizó para cometer fraude en 2013 y 2017”, advirtió.
El presidente del Legislativo señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en ilegalidad al aprobar el pliego de condiciones para el uso del TREP el pasado 15 de junio, sin respetar los límites que establece la normativa. “La decisión es nula y conlleva responsabilidad constitucional. El CNE debe reflexionar y dar un paso atrás”, agregó.
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