Tegucigalpa, Honduras. – Ante el vencimiento del plazo para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el diputado Jorge Cálix, expresó que el consejero Marlon Ochoa debería estar enfrentando la ley por impedir la adjudicación.
Y es que el plazo para adjudicar el TREP se venció a la media noche del martes, procedimiento que no se realizó el pasado 7 de julio, por la injerencia de colectivos de Libertad y Refundación (Libre).
“A medianoche venció el plazo para adjudicar el TREP y no se ha hecho. Ese incumplimiento genera responsabilidades penales. Si fuera por la ley, Marlon Ochoa debería estar preso”, expresó Cálix.
De acuerdo con el diputado, la no adjudicación del sistema no se debe a la consejera Ana Paola Hall, ni Cossette López, ni a factores técnicos, sino a una supuesta injerencia directa de Ochoa.
“Él es el responsable de que el TREP no esté adjudicado. Y este Congreso, que debía discutir el tema, prefirió escuchar por más de una hora a Luis Redondo hablando de todo, menos de lo que importa”, criticó.
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Prórroga
Cálix cuestionó además la falta de voluntad política para garantizar elecciones generales el próximo 30 de noviembre.
“Si realmente quisieran elecciones, hoy hubieran aprobado la prórroga para adjudicar el TREP. Pero no lo hicieron”, añadió.
También, denunció una supuesta intención del oficialismo de silenciar la pluralidad del Parlamento. “Luis Redondo quiere convertir esto en un monólogo. Aquí se viene a hablar, debatir, discutir. No a escuchar discursos unilaterales”, sentenció.
Asimismo, reprochó que no se haya dado trámite a la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, lo cual —según él— priva al candidato Salvador Nasralla de tener un representante de su confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Quieren obligar a alguien a seguir en un cargo del que ya se quiere ir, y eso solo muestra el temor que le tienen a Salvador”, afirmó.
Cálix también denunció lo que considera una persecución política por parte del oficialismo. Aseguró que amenazaron con presentar requerimientos fiscales contra líderes del Partido Liberal, entre ellos Roberto Contreras, y contra miembros de la oposición.
“Eso es persecución política abierta. Pero no importa cuántos requerimientos suelten, el 30 de noviembre la gente va a salir a votar”, finalizó.
