Redacción. El experto en derecho internacional Graco Pérez criticó este jueves la actuación de la presidenta Xiomara Castro en su rol como ex presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por firmar la declaratoria final de la IX cumbre del organismo sin que existiera un consenso unánime entre los Estados miembros.
«Es una violación al estatuto constitutivo de la Celac, porque establece claramente que cualquier instancia o acción debe ser por consenso. No existe el término ‘suficiente consenso’, como dijo la presidenta, o ‘consenso suficiente’, como afirmó el canciller (hondureño Enrique Reina)», explicó Pérez en exclusiva a Diario Tiempo.
Resaltó que todos los miembros de la Celac tenían que estar de acuerdo para firmar el texto. «Hay consenso o no hay consenso (eso es lo que sí existe). Evidentemente, no hubo y (así) lo expresaron abiertamente los representantes (de las delegaciones) de Paraguay, Argentina y, posteriormente, Nicaragua», apuntó.
«Lo que existe ahora es un proyecto de declaración de Tegucigalpa, pero no una declaración oficial, porque no fue aprobada por consenso. Y eso, además de ser una violación a los estatutos, tiene implicaciones diplomáticas», lamentó.
Pérez también señaló que dicha actuación por parte de la presidenta Castro genera un impacto negativo en la percepción global de Honduras. «Afecta la imagen internacional del país; nos exhibe como un país poco serio, que no respeta la ley y que busca imponer sus criterios a toda costa», concluyó.
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IX Cumbre de la Celac
En la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), celebrada en Tegucigalpa, Honduras, los representantes de 30 de los 33 países participantes acordaron, por mayoría, la declaratoria al cierre del evento, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la Celac y su mecanismo de concertación política.
No todos los países estuvieron de acuerdo con la declaratoria. A pesar del apoyo mayoritario, Paraguay, Argentina y Nicaragua expresaron su desacuerdo y se opusieron públicamente a la declaración de Tegucigalpa.
El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina subrayó que, aun con la negativa de esos tres países, el consenso logrado con los demás 30 estados participantes fue suficiente para adoptar la declaración.
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