Redacción. Autoridades hondureñas capturaron al receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, Lenard Francisco Matamoros García, y a su madre María Reina García Cruz, por presuntos actos de corrupción.
A través de un informe, el Ministerio Público dio a conocer este viernes de la captura ejecutada al funcionario y a su madre, así como también de la citación que se le hizo a otra presunta involucrada, llamada Dina Emérita Murcia García.
A Lenard y doña María los acusan por los delitos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
Como parte del proceso investigativo, las autoridades allanaron las viviendas de los sospechosos en la colonia San José de la Peña y la residencial Las Uvas de Comayagüela. Según indicaron, en estos allanamientos pudieron encontrar varios indicios relacionados con los delitos que le imputan.
Además, se aseguró un bien inmueble ubicado en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido). Las investigaciones concluyen que la escritura pública de compraventa de la residencia sufrió alteración por un pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20% de su valor comercial a doña María.
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Delitos
Las investigaciones hacia estos ciudadanos, según la fiscalía, iniciaron desde el 2019, cuando la MACCIH-UFECIC durante los procesos de solicitud de diligencias de allanamientos identificó que se estaba facilitando información a los investigados. Ellos lograron identificar, al menos en dos ocasiones, que hubo entrega de dinero a cambio de dicha información.
Uno de los modus operandi a los que supuestamente recurrieron los acusados son los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos.
Según la fiscalía, los ingresos de Matamoros García aumentaron de manera considerable cuando inició labores en el circuito anticorrupción. En dicho periodo también inició con las transacciones en efectivo a través de cajeros automáticos, consistentes, al menos en 165 depósitos. En total sumaron L2,063,800.00 en transacciones a la cuenta del funcionario.
Además, el funcionario habría administrado y explotado el juego de suerte, envite o azar no autorizados, que en un principio operaban desde su vivienda. Luego, durante la pandemia de COVID-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones de WhatsApp y PÓKER, para organizar las partidas de juego, operando como un casino clandestino, culpa el Ministerio Público.
De acuerdo con el informe, fueron alrededor de 213 jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias, sumando aproximadamente L2 millones.
