SAN PEDRO SULA. Siete cabecillas de la mara Salvatrucha (MS-13) fueron declarados culpables ayer miércoles en horas de la tarde en la ciudad industrial del país.
Se trata de: Alexander Mendoza, alias «Porkys», cabecilla a nivel nacional de la MS13, Jairo Anwar Orellana Recinos, alias «Sony» y segundo al mando. Además, Jorge Alberto Velásquez Paz, alias «Chacarrón», Wilmer Antonio Valderramos Rodríguez. También, Ogliack Roberto Germán Orellana, Ronald Alexander Canaán y Elvis Josué Mejía, alias «Cejas».
Todos ellos fueron condenados en el Tribunal de Sentencia a través de la sala cinco tras evacuar las pruebas llevadas al juicio. Allí se les declaró culpables de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Lo anterior, ya que se les comprobó su permanencia y en calidad de jefes dentro de la mara MS-13.
En tanto, a David Orlando Bonilla Alvarenga y Elmer José Dubón Belis los liberaron de todo señalamiento anterior por parte de las autoridades. Asimismo, se estableció la Audiencia de Individualización de la Pena Concreta. Esto, para las 8:30 de la mañana del miércoles 8 de agosto del 2018. Allí la Fiscalía estaría solicitando entre 20 y 30 años de cárcel contra los pandilleros.
Según autoridades judiciales en San Pedro Sula, Alexander Mendoza era el personaje quien giraba órdenes para vender y distribuir drogas. Además, lavado de activos y sobornar a miembros de la Policía. También ordenaba acabar con la vida de fiscales, policías y rivales. Mientras tanto, alias «Sony» se encargaba era el sujeto que se encargaba de las extorsiones y resultados finales.
RECIBIRÍAN HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL
Por otro lado, alias «Cejas» y alias «Chacarrón» eran los elegidos para controlar los números o contabilidad de dichos actos ilícitos. Lo anterior, en El Progreso, Tela y La Ceiba. En el caso de Ogliak Roberto, Gabarrete Canaaán y Valderramos Rodríguez eran líderes en el departamento de Cortés. Así como los encargados de facilitar los automóviles para ejecutar algunos crímenes.
Se supo también que no era casualidad que ninguno tuviera antecedentes policiales. Pues todo parece indicar que uniformados se encargaban de borrar sus nombres. Así como su actos para parecer que estaban limpios de toda culpa.
La escuchas telefónicas que los hundieron las efectuaron entre el 17 de abril de 2015 y 28 de febrero de 2016. Esto, entre pandilleros y policías, las cuales presentaron como pruebas en el juicio.
