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miércoles, julio 28, 2021

GALERÍA: estos son los bienes asegurados ligados al antejuicio contra Nasry Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por su vinculación al antejuicio promovido contra dos funcionarios de la alcaldía capitalina, un total de 13 bienes fueron asegurados a nivel registral este martes en Honduras.

El Ministerio Público (MP) anunció que inscribió ante el Instituto de la Propiedad (IP) la medida cautelar precautoria de aseguramiento sobre nueve bienes inmuebles y tres empresas relacionadas a la causa contra alcalde Nasry Asfura y la regidora Nilvia Ethel Castillo.

Ambas autoridades están acusadas por parte de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documentos falsos y la violación de deberes de los funcionarios.

Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados capitalinos, explicó que no hubo una incautación porque se trata de funcionarios. Además, mencionó que no se brindan cifras oficiales del valor de los bienes ya que el expediente está bajo la figura de secretividad.

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Propiedades aseguradas

La Fiscalía precisó que a «Tito» Asfura le hicieron un aseguramiento en la residencial Lomas del Molino en Tegucigalpa. Se trata de los lotes 16 y 17 del vecindario en mención, mismos que están a su nombre.

Imagen panorámica de los terrenos pertenecientes al alcalde de la capital y que ahora están asegurados ante el IP.

En la colonia Prados Universitarios también se ejecutó una acción. Se aseguró la vivienda número 26 ubicada en el bloque «M», misma que pertenece a Nilvia Ethel Castillo, actual regidora y representante del Partido Nacional.

Imagen
Casa a nombre de Nilvia Ethel Castillo Cruz que quedó asegurada a nivel registral como parte de una investigación que sostiene el MP.

Por el mismo caso se inscribió ante el IP el aseguramiento de la vivienda número 20 de la «supermanzana» 1, bloque 5, de la colonia Kennedy de Tegucigalpa. El dueño de la propiedad es el funcionario edilicio Óscar Rolando Uriarte Romero.

En un sector de la populosa colonia Kennedy también se ejecutó una acción de aseguramiento por la presunta corrupción en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La misma acción se llevó a cabo en la residencial Zarahemla de Tegucigalpa. Allí se aseguró una morada que está nombre de Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela; se trata de la casa número 91, ubicada en el bloque «B».

La casa de dos pisos asegurada en la residencial Zarahemla, a nivel registral, a una empleada de la AMDC.

Por el mismo caso, se realizó un doble aseguramiento en la aldea Las Flores del municipio de Teupasenti, El Paraíso. Fue sobre una vivienda y un lote pertenecientes a Wilmer Gerardo Rodríguez López.

Propiedades a nombre de un funcionario de la capital que quedaron aseguradas a nivel registral en la zona oriental del país.

Aseguramientos a empresas

La labor de aseguramiento también incluyó compañías. En la torre Morazán de Tegucigalpa se procedió contra tres locales (21719, 21718 y 21720) de tres oficinas. La titularidad de ese bien recae sobre la Sociedad Mercantil Desarrollos, Construcciones y Equipos S.A. (DECOESA).

La Fiscalía también «le cayó» a lugares de trabajo que tendrían relación con el antejuicio.

Ante el registro mercantil también se inscribió la medida cautelar en perjuicio de otras instalaciones de DECOESA. Se trata de unas bodegas que están entre las colonias Kennedy y Bernardo Dazzi.

Bien asegurado -registralmente- a DECOESA en la capital.

En la colonia Las Torres de Comayagüela se procedió al aseguramiento registral de una instalación de la Sociedad Cementos S.A. (CESA).

Ante el registro mercantil de Tegucigalpa se inscribió la medida cautelar precautoria de aseguramiento contra un bien de CESA.

Finalmente, el MP informó sobre el aseguramiento sobre las instalaciones de Inversiones Varias S.A. (INVASA), una sociedad mercantil ubicada en la colonia Lomas del Mayab.

Casa que pertenece a la sociedad INVASA y que quedó asegurada ante el registro mercantil por las acciones de la Fiscalía.

No hay incautación

Un juez de privación de dominio declaró procedentes los aseguramientos; empero, el mismo conocedor de la causa denegó la incautación y el consecuente traspaso a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

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