Redacción. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramon Barrios, interpuso un recurso de inconstitucionalidad parcial contra del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, tal y como había anunciado en sus redes sociales.
Barrios indicó que la Constitución de la República está redactada de manera general. Y en tal sentido dijo que “los funcionarios de los órganos elegidos en el Congreso Nacional, si no se ha llegado a la conclusión y no hay nadie, se quedan los titulares hasta que llegue el nuevo».
Sin embargo, según Rodil Rivera, quien acompañó a Barrios, aclaró que «en el caso del Ministerio Público no, porque está específicamente contemplado que sea el director de fiscales”, detalló.
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Del mismo modo, Rivera comentó que la acción no interviene con la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.
“No estamos interviniendo en el tema de la elección del nuevo fiscal, eso corresponde al Congreso Nacional. Estamos por la legalidad en el Ministerio Público de la sucesión una vez que termino su periodo de los dos fiscales”, comentó.
Además, Rivera manifestó que el fiscal general, Óscar Chinchilla, no puso la renuncia ante las autoridades.
“Vean que el fiscal general no puso renuncia y no abandonó nada, porque ya había terminado su periodo, no cometió ningún delito como todos creen por haberse ido”, comentó.
Inconstitucionalidad
El diputado de Libre manifestó que están solicitando que se declaré como inconstitucional el artículo 80.
“Nosotros estamos pidiendo la inconstitucionalidad del articulo 80 en el caso específico del fiscal general y adjunto; vamos a esperar, somos repuestos de las decisiones del Sala de Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, ellos serán quienes nos darán repuesta, nosotros esperamos que se a favor”, expresó.
Además, Barrios aseguró que las Chinchilla y el fiscal Daniel Sibrián no pueden seguir ejerciendo este puesto.
“Lo que estamos diciendo es que ese artículo 80 no se puede aplicar en el caso del Ministerio Público. La Constitución de la República establece un término de cinco años para los fiscales general y adjuntos, independientemente de los nombres y apellidos, los términos de ambos ya terminaron, son exfiscales y ya no pueden seguir ejerciendo”, comentó.
