Redacción. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a más de 350,000 inmigrantes venezolanos en el país.
El tribunal, con mayoría conservadora, aprobó la solicitud de emergencia presentada por la administración Trump para continuar con la anulación de la extensión del TPS otorgada en los últimos meses del mandato del expresidente Joe Biden. Esta medida permitirá que, mientras el caso se resuelve en tribunales inferiores, la protección temporal de miles de venezolanos pueda ser eliminada.
La jueza progresista Ketanji Brown Jackson expresó su disenso ante la decisión de la Corte Suprema, acción que abre la puerta a la deportación masiva de inmigrantes venezolanos.
El TPS fue concedido inicialmente en marzo de 2021 por el gobierno de Biden, como respuesta a la crisis política y humanitaria en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este programa, vigente desde 1990, otorga estatus legal y autorización de trabajo por periodos de hasta 18 meses, con posibilidad de prórroga, a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres.
En octubre de 2023, y prorrogado en enero de 2025, se había extendido la designación del TPS para venezolanos hasta octubre de 2026. Pero, en febrero, tras la asunción de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la cancelación de la prórroga, lo que implicaba que las protecciones concluirían en abril.
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TPS
Un juez federal en California bloqueó esta decisión, citando preocupaciones sobre posibles motivaciones raciales. La suspensión la respaldó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Ante esto, el Gobierno federal acudió a la Corte Suprema, que finalmente le dio luz verde para continuar con la revocación.
El procurador general, D. John Sauer, sostuvo que las cortes no tienen jurisdicción para cuestionar las decisiones del poder ejecutivo en materia de inmigración. Asimismo, afirmó que la orden judicial que frenó la revocación no contradice las prerrogativas ejecutivas para manejar con rapidez y discreción estos asuntos.
Por su parte, la Alianza Nacional de TPS y representantes de la comunidad venezolana manifestaron su rechazo. Asimismo, advirtieron sobre las consecuencias de esta medida, incluyendo pérdida masiva de empleos, deportaciones y aumento de la inseguridad en el país.
Esta resolución se da pocos días después de que el mismo tribunal emitiera otro fallo que limita las acciones del gobierno respecto a inmigrantes venezolanos detenidos. Es decir, ordenando que se les debe dar oportunidad real de defensa antes de su posible deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
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