Redacción. Luego de que se confirmara la fuerte de Sandra Xiomara Rodríguez en la masacre ocurrida el pasado 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el apoderado legal de la familia de la ahora occisa, Fernando González, informó sobre el malestar que están viviendo puesto que todavía no dan con el cadáver de Rodríguez.
González explicó que la familia de Rodríguez ha vivido un calvario, ya que no han podido dar con el paradero de los restos mortales de la infortunada. Además, mencionó que han hecho pruebas de ADN a la mamá, pero con resultados negativos.
Incluso, tuvieron los mismos resultados cuando se practicaron los exámenes a sus hijos. En ese sentido, arguyó que una de las familias dolientes del suceso pudo haber velado a alguien que no era su pariente, pues 18 de 46 reclusas murieron calcinadas. A su vez, dificultaba a las autoridades su reconocimiento.
Puede leer: A juicio reclusas acusadas del asesinato de 46 mujeres en PNFAS
«Al no poderse reconocer, lo hacían por medio de ADN, exámenes correspondientes. Seguro se entregó de una manera equívoca el cuerpo de otra persona a otro familiar. Esto quiere decir que fueron 17, una de ellas pudo haber sido, en el caso, llorada, enterrada haberle hecho todas las situaciones católicas o evangélicas y sin ser el familiar», detalló.
Complicaciones
Asimismo, aseveró que, dentro de las 46 fallecidas, había mujeres en estado de gestación. Por lo tanto, según González no se contabilizó el número total de muertos.
«Como dice la misma Constitución, que el que está por nacer se le va a considerar nacido. También se le debe hacer un conteo a las personas que andaban su feto todavía en su vientre», pormenorizó.
De igual forma, dijo que tendrían que hacerse 17 exhumaciones, pero no por parte de Medicina Forense, sino por entes internacionales, dado que los familiares de Sandra ya no confían en la autoridad.
Además, dependiendo de la determinación de los dolientes, Honduras podría enfrentar una demanda, a través de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fallo tardaría de 10 a 12 años en contra del Estado. Mientras tanto, el togado agregó que los familiares de Sandra están consternados por no poder darle cristiana sepultura.