Redacción. El abogado penalista, Marlon Duarte, aclaró este día que los fondos otorgados a los diputados para programas de bienestar social sí pueden ser auditados.
El pasado 2 de agosto, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, que daba vida a la ley conocida como «Fondo Departamental».
Esta ley buscaba dar fondos para uso social a los diputados mediante un reglamento especial. Sin embargo, luego de su derogación, los fondos siguen siendo otorgados a los diputados con el nombre de subvenciones.
Debido a ello, la oposición política del país asegura que por haberse derogado la normativa, estos fondos no puede ser objeto de auditoría por parte de los entes de justicia.
En ese sentido, en una entrevista para HRN, Duarte despejó la duda que se tiene sobre el tema.
«La oposición ha dicho que como no hay una ley, no se pueden auditar los fondos que manejan los diputados, pero sí se pueden auditar», declaró.
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«No existen leyes para cada cosa»
«La diferencia está en que no existe una ley para auditar al FHIS por la construcción de un aula, no existe una ley para auditar compra de materiales para una cuneta, entre otros casos», expuso.
Según el penalista, la forma en la que se puede dar revisión a estos fondos es recurriendo a diversas leyes que ya existen en materia de transparencia.
«Para esas auditorías tenemos la Ley General de la Administración Pública. Para eso existe la Ley del Tribunal superior de Cuentas, inclusive la ley del Ministerio Público a través de todas las técnicas de investigación», aseguró.
Además, enfatizó en que el Ministerio Público puede llamar a cualquier diputado a rendir cuentas sobre los fondos otorgados para beneficio social.
«Ya se quitó la traba que había antes, cuando el Ministerio Público debía esperar un informe del Tribunal Superior de Cuentas para poder auditar», indicó.
Para finalizar, Duarte recomendó que el «Instituto de Acceso a la Información Pública abra una plataforma especial, para que los diputados suban sus datos específicos de los gastos».
