Redacción. En el marco de la política de justicia abierta y con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha programado una audiencia preliminar pública en el caso del asesinato del ambientalista y ex regidor municipal de Tocoa, Juan Antonio López.
La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 3 de junio a las 9:00 a.m. Estará abierta a la ciudadanía, incluidos los medios de comunicación, que podrán seguir su desarrollo a través de una de las plataformas digitales oficiales del Poder Judicial.
Según el Poder Judicial, esta medida responde al compromiso institucional con la transparencia, el debido proceso, la legalidad y la imparcialidad en la administración de justicia.
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Durante la audiencia, las partes procesales —Fiscalía, acusadores privados y defensa técnica— expondrán sus argumentos y peticiones conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Será un momento clave para que los fiscales y la parte acusadora ratifiquen la acusación contra los tres imputados, o bien para que la defensa exponga los argumentos que respalden la no participación de sus representados.
Acusados
Los encausados, Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, enfrentan un proceso penal por el delito de asesinato en perjuicio de Juan Antonio López.
La jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional ya les había dictado auto de formal procesamiento y prisión preventiva durante la audiencia inicial celebrada el 10 de octubre del año pasado.
El caso es seguido por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. Sus representantes legales, junto a los acusadores privados y defensores de los imputados, ya fueron debidamente notificados de la fecha y hora de la audiencia.
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Oacnudh reiteró la urgente necesidad de impulsar investigaciones y sanciones «diligentes, integrales y efectivas» en el caso.
La organización pidió que profundicen en las causas estructurales que llevaron al asesinato de López. En particular, señala la apremiante necesidad de abordar los «daños ambientales y la explotación ilegal de recursos naturales y mineros en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, así como los actos de corrupción» que el defensor denunció «con valentía».
El crimen ocurrió a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Oacnudh subrayó la importancia de avanzar en la implementación efectiva del Decreto 18-2024.
