Tegucigalpa. Miembros de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP) secuestraron documentación de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), esto para dar con los responsables de haber modificado la «Ley del Presupuesto» publicada el pasado mes de enero.
En ese sentido, varios agentes de investigación se hicieron presentes este jueves a las instalaciones de la ENAG, con el fin de obtener documentación relacionada a este caso.
Cabe mencionar que la ENAG es la responsable de emitir el diario oficial La Gaceta.
Por lo tanto, los agentes de la ATIC sustrajeron documentación que les ayude a dar con los responsables de trastocar esta ley.
Cabe recordar, que los artículos que fueron modificados son los 237-238 y el numeral #16.
La reforma estipula que mientras se esté realizando una auditoría, «no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal» del funcionario involucrado.
Por otra parte, el diputado nacionalista Juan Diego Zelaya dijo que las autoridades tienen que hacer su labor.
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Ley del presupuesto
El exportavoz de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció en conferencia de prensa que la enmienda, aprobada en la última sesión del Congreso Nacional del período legislativo 2014-2018, frena la lucha contra la corrupción en el país.
La reforma, publicada en el diario oficial La Gaceta, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a investigar el destino de los fondos para diputados y organizaciones no gubernamentales; entregados por el Congreso en los períodos de 2006 a 2018. Concediéndole además tres años para emitir dictamen.
También, limita la intervención del Ministerio Público (MP), mientras las investigaciones del ente contralor no hayan concluido, según la denuncia.
Por su parte, los diputados de la oposición aseveraron que en la sesión ordinaria en la que se aprobó dicha ley, no se discutió lo que se publicó en la Gaceta.
De igual forma, el mismo vocero de la MACCIH aseveró que dicho documento fue trastocado antes de su publicación. Lo anterior, deriva un delito.
«El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudando la voluntad del soberano del Congreso Nacional, introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito», dijo Jiménez Mayor, anteriormente.
