Redacción. Agentes de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC) ejecutaron un allanamiento en horas de la noche de este jueves en la casa de habitación de Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, ubicada en la residencial La Candelaria, Choloma, Cortés.
Esta operación se suma a los allanamientos que los uniformados realizaron durante la madrugada de este jueves a otra casa donde funcionaban las primeras oficinas de Koriun, así como la incautación de 10 vehículos.
El registro en la casa de Velásquez se realizó con el apoyo de elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y el escuadrón Canino K-9.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo hallazgos en los registros de las propiedades que forman parte de la investigación de caso de estafa a miles de hondureños.
Tenso ambiente
De acuerdo con el informe de medios locales, las autoridades realizaron el trabajo en medio de un tenso ambiente, puesto que vecinos de colonias aledañas los recibieron con hostilidad, pues sostienen que Iván Velásquez no cometió ningún delito.
Velásquez enfrenta cargos por lavado de activos, fraude y tenencia ilegal de armas. Actualmente, se encuentra recluido en un módulo de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara, bajo estricta vigilancia para salvaguardar su integridad.
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El caso de Koriun Inversiones ha afectado a más de 35,000 personas en Honduras, quienes invirtieron en la empresa atraídos por promesas de altos rendimientos. Las investigaciones revelan que Koriun operaba bajo un esquema piramidal sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
A pesar de que se encontraron 358 millones de lempiras en efectivo durante los allanamientos, no hay evidencia de que estos fondos hayan sido devueltos a los inversionistas. Además, se investiga el paradero de otros 69 millones de lempiras retirados de cuentas bancarias.
Velásquez ha manifestado su disposición a colaborar con el Ministerio Público para facilitar la recuperación de los fondos, aunque se niega a aceptar responsabilidad penal. Mientras tanto, las protestas de los afectados continúan, exigiendo justicia y la devolución de su dinero.
Este caso ha generado una crisis de confianza en las instituciones financieras. Además, ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y regulación del sistema financiero en Honduras.
