Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) informó este jueves que hasta mayo del presente año, solo un 3 % de las denuncias presentadas por ciudadanos víctimas de extorsión han resultado en sentencias condenatorias.
Los datos se encuentran en el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, una herramienta desarrollada por ASJ para realizar un seguimiento constante de los resultados del sistema de justicia penal en la lucha contra la extorsión.
Desde diciembre de 2022, cuando el gobierno hondureño declaró el estado de excepción para combatir la extorsión de manera más efectiva, han pasado 596 días. Sin embargo, una encuesta realizada por ASJ en 2023 reveló que aproximadamente 283,952 hogares reportan sufrir extorsión.
Entre enero y mayo de 2024, se han interpuesto 891 denuncias ante la Policía Nacional. A pesar de esto, solo se han realizado 484 detenciones y apenas 27 casos han culminado en condenas por parte de los tribunales.
99 % de impunidad
El monitor digital de ASJ muestra un índice de impunidad del 99 % en casos de extorsión, considerando el número estimado de hogares afectados y el número de condenas emitidas por el Poder Judicial.
Incluso, basándose únicamente en los datos oficiales del sistema de justicia penal, el índice de impunidad es del 97 %, un porcentaje que refleja la percepción general de la ciudadanía.
Desde la sociedad civil, la ASJ se mantiene en vigilancia sobre las estrategias implementadas por las instituciones de seguridad y justicia para combatir la extorsión. La asociación explicó la necesidad de que estas estrategias se ejecuten dentro del marco legal. Además, exhortó a no recurrir a modelos de seguridad que restrinjan derechos humanos y garantías constitucionales, como el estado de excepción.
En este sentido, la ASJ instó a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial a mejorar e implementar estrategias antiextorsión más efectivas. Recomendó, además, la colaboración estrecha entre los sectores afectados, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil para enfrentar de manera integral este problema.
