TEGUCIGALPA-HONDURAS. La iniciativa legislativa de reformar por adición el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública es una clara transgresión a la constitución de Honduras que podría constituirse en maniobra para garantizar impunidad a quienes han cometido delitos en el país, según consideró la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
A través de un comunicado, la ASJ aseguró que dicha reforma tiene la clara intención de limitar las competencias y facultades del Ministerio Público (MP). Lo que para ellos es una afrenta en contra del Estado de Derecho.
En ese sentido, dicha organización de sociedad civil explicó que ese proyecto de reforma a la Ley General de la Administración Pública intenta atribuirle al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la facultad de determinar la existencia o no de responsabilidad penal por las acciones y omisiones cometidas por miembros de los órganos colegiados. Donde se incluyen las juntas directivas, comisiones, directorios y tribunales administrativos. Esto, según la ASJ, usurpando la función constitucionalmente atribuida al MP, de ejercer la acción penal pública en representación de los intereses generales de la sociedad.
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ASJ: “reforma suspendería procesos penales abiertos”
De ese modo, la ASJ señaló que ese intento de reforma implicaría que todos los servidores públicos. Así como también, empresarios y obreros que tienen procesos penales abiertos producto de las decisiones que adoptaron como miembros de un órgano colegiado podrían ser suspendidas. Esto, en virtud de la retroactividad de la ley en materia penal.
“Esto significa que al suspenderse los procesos penales abiertos actualmente, su continuación estaría condicionada a la decisión del TSC. Facilitaría la impunidad en la aplicación de la Ley por parte de los servidores públicos y privados responsables de la comisión de delitos. Obstaculizaría la labor del MP. Tal es el caso, por ejemplo, de los implicados en el atraco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, indicó la ASJ en su documento.
Asimismo, aseveró que la intención de aprobar esas reformas es tan reprochable como anteriores decisiones legislativas que modificaron la Ley Orgánica del Presupuesto. (Pacto de Impunidad y Fe de Erratas).
“De concretarse la aprobación de estas modificaciones a la Ley General de la Administración Pública, se restringe fuertemente el accionar del MP. Se le disminuyen las facultades que le da nuestra Carta Magna y las leyes a esa institución. Asimismo, se reduce el ámbito de competencias de la entidad llamada a defender los intereses de la sociedad. Generando un enorme riesgo para que impere la impunidad de los delitos cometidos por quienes detentan el poder en la nación. Y que ya se han visto involucrados en sonados casos como el del atraco al IHSS. Igualmente, en otros casos como la Red de Diputados, Caja chica de la dama, Pandora, Caja chica del hermano, Arca abierta, Planeta verde y otros más”, reprochó la ASJ.
ASJ demanda al CN que no legisle en contra intereses de los hondureños
La ASJ reiteró que si el Congreso aprueba esa reforma se abriría el espacio a una ola de impunidad. Esto, debido a que las personas que tomaron decisiones colegiadamente, se beneficiarían de esta reforma y con eso evadirán la persecución penal pública.
De acuerdo a la ASJ, el intérprete último de la Constitución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Órgano judicial que bajo sentencia dejó establecido que no se puede restringir las facultades del MP.
En consecuencia, afirma que el CN no puede legislar en contra de la jurisprudencia.
“Demandamos al CN no legislar en contra de los intereses generales de la sociedad. Que no faciliten el manto de la impunidad que cubre a sectores oscuros del sector público y privado. Que no menoscaben la institucionalidad e independencia de los entes encargados de definir la política criminal. Y de perseguir la acción penal pública”.
“Igualmente, exhortamos a las autoridades estatales (Poder Legislativo y Ejecutivo) de continuar en la construcción de una propuesta para instaurar un Sistema Nacional de Integridad como clara y contundente lucha contra la corrupción. Y como una medida preventiva para garantizar altos estándares de transparencia, rendición de cuentas en todas las actividades que realicen en el ámbito estatal, empresarial y/o no gubernamental”, estableció la ASJ en su comunicado difundido.
