Redacción. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes un informe referente a los resultados del estado de excepción en Honduras (que está vigente desde diciembre de 2022), en el que se establece que aún persisten las extorsiones y violaciones de los derechos humanos pese a la medida implementada.
El informe 532 días bajo el estado de excepción (2024) muestra varios factores y estadísticas referentes al avance en seguridad. La medida está orientada a contrarrestar la extorsión y delitos conexos, por lo que se han mantenido suspendidas las garantías constitucionales, libertad de asociación, circulación e inviolabilidad de domicilio en el 75 % del territorio nacional.
Aun con las extensiones del estado de excepción, los resultados han sido escasos porque —como apuntó la organización de sociedad civil— no se han cumplido los requisitos que marca la Constitución de la República para su mantenimiento.
Ilegalidad
El plan que se lanzó en 2022 establecía la suspensión de los derechos constitucionales para combatir las amenazas de seguridad pública. No obstante, la ley suprema indica que el estado de excepción sólo se puede extender por un máximo de 45 días, pero en Honduras el decreto se ha prorrogado en 8 ocasiones.
Este se ha ampliado a 17 de los 18 departamentos, y aun así la extorsión sigue afectando alrededor de 283,955 hogares; sin dejar de lado el caso de los detenidos, a penas 1 de cada 10 recibe una condena.
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Preocupación por la medida
Por otro lado, Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y el Comité Contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por los resultados y las prórrogas de la medida.
Claude Heller, presidenta del CIDH, cuestionó el proceso constitucional: «Nos gustaría saber más a fondo cuáles son las razones que han llevado a las continuas prórrogas, ¿por qué se ha tenido que prorrogar?, ¿no ha sido suficiente?, ¿cuáles son los resultados?, ¿funciona o no funciona?».
Cifras
Si bien el mecanismo surgió para frenar la extorsión, el flagelo ha alcanzado un alto nivel en los últimos 5 años. Hasta noviembre del 2023, el 11 % de los hogares de Honduras eran víctimas de extorsión.
Entre los departamentos más afectados, según una encuesta realizada por la misma ASJ, estaban:
- Cortés (16 %)
- La Paz (15 %)
- Colón y Yoro (14 %)
- Francisco Morazán (13 %)
Solo el 48% de la población hondureña que participó en esa encuesta sostuvo que el estado de excepción iba a reducir la extorsión; mientras que el 72 % desconocía la instauración de la medida.
A esas cifras le siguen un 33 % que estuvo a favor. Más un 75 % comentó sentirse igual o menos seguro que antes de la entrada en vigencia.
Otro de los detalles del informe es que la Secretaría de Seguridad informó que se han realizado 32,288 detenciones en estos meses, de las cuales 10,300 se ejecutaron precisamente por el delito de extorsión.
Violaciones a los DDHH
Datos de la OACNUDH: durante el 2023 se reportaron varias denuncias de violación a los derechos humanos, entre ellas:
- 7 casos que podrían constituir desaparición forzada
- 5 ejecuciones extrajudiciales
- 4 de tortura y otros tratos crueles y degradantes
- Un caso de violencia sexual
El organismo expresó su preocupación y sumó el uso excesivo de la fuerza, además de los abusos que se han cometido en los registros de domicilio sin orden judicial.
«La violencia y la extorsión persistieron en niveles elevados debido a competencia entre las pandillas», dice el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos).
Ante estos indicadores, las autoridades instaron al Gobierno de Honduras a evaluar las medidas que se han implementado en el marco del estado de excepción. De esta manera, se garantizarían los derechos fundamentales de la población.
