Redacción. Al menos 210 defensoras de derechos humanos han perdido la vida de manera violenta en Mesoamérica entre 2012 y 2023, tiempo en el que se documentaron también más de 35,000 agresiones violentas contra activistas, indica un reporte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El documento Datos que nos duelen, redes que nos salvan señala que los agresores, en su mayoría, fueron actores estatales. En el mismo periodo de tiempo ( 2012 y 2023), IM-Defensora documentó unas 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 956 organizaciones.
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Agravamiento de la violencia
La co-coordinadora de la IM-Defensoras, Lydia Alpizar, explicó que en los últimos años se ha registrado «un agravamiento de la violencia» contra defensoras de Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
Tras el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, las muertes violentas de activistas «se dispararon» en Honduras, agregó Alpizar, quien indicó que las defensoras de la tierra y el territorio es el grupo «más agredido».
Enfatizó que los ataques proceden principalmente de empresas, del crimen organizado, de las propias fuerzas del Estado. «Una señal muy violenta y extrema por parte de este sistema racista, patriarcal y colonial que tenemos en nuestros territorios diciendo no se pueden oponer a estas agendas de estos grupos en el poder, tanto que podemos tomar la vida de todas estas personas».
Porcentajes
El informe de la IM-Defensoras revela que el 23 % de las agresiones documentadas son contra mujeres que defendían el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Por su parte, quienes se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales representan el 15,6 %.
Las mujeres que defienden el derecho a informar y a la libertad de expresión son uno de los sectores más afectados con un 14,1 %. El informe detalla que la situación es grave en países como Nicaragua y El Salvador.
El documento además destaca las agresiones contra defensoras que defienden el derecho a una vida libre de violencia (10,4 %), la participación en la vida política (9,1 %) y a defender derechos (6,8 %).
