Exigen condena por asesinato de mujer trans; Estado de Honduras niega cargos

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De acuerdo a la CIDH, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa al Estado, por la muerte de Vicky.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Estado hondureño negó responsabilidad alguna en el crimen de la activista y mujer trans, Vicky Hernández, mientras los representantes de la víctima pidieron este jueves, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una sentencia.

La audiencia de este caso  se efectuó en las fechas 11 y 12 del presente mes y se realizó de manera virtual. Concluyó este jueves, con los alegatos finales orales de las partes, que, a partir de ahora tendrán un mes para presentar sus pruebas y alegatos, por escrito.

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Ejecución extrajudicial y falta de investigación

Por su parte, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, reiteró los argumentos de la acusación presentada por ese organismo.

Dentro de los argumentos, se responsabiliza al Estado de Honduras de la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, así como de una falta de diligencia en las investigaciones que mantienen, hasta el momento, el caso en la impunidad.

El presidente de la CIDH, afirmó que:

  • A más de 10 años el Estado no ha diseñado ni impulsado una investigación para esclarecer la participación de agentes estatales.
  • La única hipótesis no ha tenido resultado y está sustentada en estereotipos.
  • El Estado no ha logrado desvirtuar los claros indicios de la participación estatal en un contexto de violencia contra las mujeres trans.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Vicky Hernández era una mujer trans y defensora de los derechos humanos en la organización Unidad Color Rosa. Murió de un disparo en la cabeza entre la noche del 28 de junio de 2009 en San Pedro Sula, en el marco del toque de queda decretado por la crisis política por el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya.

«Los toques de queda generaron un ambiente propicio para las violaciones de los derechos humanos con efecto desproporcionado para las mujeres trans», aseveró el titular de la CIDH. Agregó que durante el golpe de Estado hubo 15 asesinatos de mujeres trans, y al menos 3 la misma noche que el de Vicky.

Por su parte, la activista de la organización defensora de derechos humanos Cattrachas, Angelita Baeyens, dijo en calidad de representante de la víctima que se trata de un ‘caso clásico de muerte ilícita a manos de agentes estatales’, pues ocurrió durante un toque de queda en el que las autoridades de seguridad eran las únicas autorizadas para circular.

En su alegato, Baeyens afirmó que las autoridades:
  • No investigaron la escena del crimen
  • No recogieron indicios
  • Cero análisis de la bala
  • No hubo una autopsia
  • La investigación giró en torno a una hipótesis de ‘crimen pasional’, llena de estereotipos y discriminación.

Baeyens solicitó a la Corte Interamericana medidas de reparación para la familia de la víctima y que ordene a Honduras tramitar una Ley de Identidad de Género y reformas legales:

  • Que tipifiquen como delito el transfemicidio
  • A su vez, que permitan a las personas trans el cambio de nombre y género con base en su identidad de género autopercibida.

Negación de los cargos por parte del Estado

Por su parte, la representación del Estado de Honduras negó todos los cargos que se le atribuyen y solicitó a la CIDH que desestime la acusación. Pues, considera que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad.

En ese sentido, en la audiencia inicial, el agente estatal Nelson Molina, declaró que «el Estado rechaza la acusación de ejecución extrajudicial o crimen de odio al no haberse acreditado la participación de agentes del Estado».

Por lo que, según el representante del Estado, en el proceso no quedó demostrado la participación de agentes policiales y tampoco algún elemento de «intencionalidad y premeditación».

Medidas de protección a favor de la familia de Vicky

Ante esto, la CIDH ordenó al Estado medidas de protección a la vida de la familia de Vicky Hernández, ante una denuncia de la organización Cattrachas que indica que un funcionario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llamó el miércoles a la madre de la víctima. Lo que consideró como una forma de intimidación o acoso.

La representación del Estado, reconoció la existencia de la llamada, pero argumentó que se realizó para ofrecer apoyo policial.