COMAYAGÜELA, HONDURAS. En horas de esta tarde asesinaron de múltiples disparos a conductor de autobús interurbano de la empresa «El Rey Express»en Comayagüela.
El conductor del autobús se le identificó como Jesús Sosa, de 38 años de edad. Esté laboraba en la empresa «El Rey Express» con la placa AAHAC2475. Además cubría la ruta de San Pedro Sula- Tegucigalpa.
Según informes preliminares, el conductor de la unidad se encontraba en las cercanías de una estación de combustible para cargar de gasolina el autobús antes de dirigirse hasta la estación central de la empresa.
Seguidamente, desconocidos dispararon contra el conductor, sin mediar palabras. Luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido tras cometer el crimen. Mientras tanto, el cuerpo de Sosa quedó tendido con vida en el interior de la unidad de transporte.
Posteriormente, personas llegaron hasta la escena del crimen y constataron que Sosa seguía con vida y decidieron trasladarlo hasta el Hospital Escuela (HE). Sin embargo, al llegar hasta el centro asistencial el individuo murió.
Las autoridades llegaron hasta la escena del crimen para acordonar el perímetro y evitar la contaminación de las evidencias.
Hasta el momento la Policía Nacional (PN) realizará las investigaciones del caso para
detener a los responsables.
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Cifras alarmantes
Al menos 48 empleados del transporte público de Honduras han sido asesinados en lo que va de 2019 por supuestas bandas delictivas al negarse a pagar extorsiones. Según la información revelada por una fuente del sector transporte.
Entre las víctimas hay choferes, ayudantes y hasta empresarios del sector del transporte público. También la mayoría de los propietarios son extorsionados por pandillas, de acuerdo a lo informado.
Por otro lado, la Policía Nacional (PN) atribuyen la mayoría de este tipo de ataques a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18. Ambas se dedican a extorsionar a comerciantes, conductores, empresarios del transporte público, según las autoridades.
Asimismo, el delito de extorsión en Honduras es castigado con penas de entre 30 y 26 años de prisión. Lo anterior, una reforma al Código Penal aprobada en octubre de 2014 por el parlamento del país centroamericano.
