Redacción. El Ministerio Público (MP) informó este martes sobre el aseguramiento y la privación de dominio de más de 60 bienes inmuebles, propiedad de miembros de una estructura criminal vinculada al narcotráfico, cuyos líderes ya han sido condenados y otros asesinados en Estados Unidos (EE. UU.) y Honduras, respectivamente.
La operación está siendo coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
De acuerdo con los registros, el origen de estos bienes es ilícito, ya que sus titulares formaban parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas, liderada por Fredy Donaldo Mármol y otros individuos ya extraditados.
El caso en mención surgió a raíz de operaciones financieras sospechosas realizadas por José Ernesto Icaza Saborío y su núcleo familiar. Todos ellos presentaban ingresos millonarios, pero una investigación reveló que recibieron transferencias vinculadas al socio del asesinado narcotraficante Rubén Alberto Mejía Mejía, alias “Yuquita”.
Asimismo, Mejía Mejía mantenía nexos con los extraditados y condenados en Estados Unidos: Fredy Donaldo Mármol, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres (actualmente ya liberada).
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¿De qué bienes se trata?
Las diligencias de parte de los detectives de la DLCN revelaron que hay 67 bienes entre los departamentos de Cortés, Colón y Francisco Morazán. Estos son:
- 24 inmuebles
- 16 vehículos
- 21 sociedades mercantiles
- 6 embarcaciones
Sobre todos estos bienes recaen medidas de aseguramiento, que según el MP se solicitaron ante el órgano jurisdiccional en materia de privación de dominio.
El 29 de abril del año en curso se desarrollaron allanamientos de morada e inspecciones en propiedades y empresas de los investigados. Es por ello que se logró recolectar varios indicios que fueron la base para presentar la solicitud de aseguramiento e incautación de los bienes.
Otro antecedente en este caso es que, durante la Operación Laberinto realizada en 2018, se encontró documentación relacionada con José Ernesto Icaza Saborío, quien figura como representante legal de la sociedad Inversiones Inmobiliarias del Atlántico (INATLAN S.A.). Dicha empresa fue incluida en las medidas precautorias de aseguramiento.
