SAN PEDRO SULA. La mañana de este martes, las autoridades iniciaron un fuerte operativo a nivel nacional y uno de los puntos claves a tocar ha sido la ciudad industrial del país.
En dicha segunda ciudad más importante del país se piensan asegurar varias residencias a nombre de ex subcomisionado José Orlando Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez, además, de una escuela, tres gasolineras y cuentas bancarias.
Según manifestaron los uniformados, Leiba Natarén y su esposa deben justificar 300 millones de lempiras. Pues hasta ahora son señalados como lavadores de activos en nuestro país y buscan capturarlos lo más pronto posible, aunque trascendió que ambos salieron del país.
Para saber más a detalle, en agosto del 2017 se conoció que una docena de exjerarcas de la Policía Nacional de Honduras tenían expedientes abiertos. Esto, en el Ministerio Público por el supuesto delito de lavado de activos. En el listado se destacaba el subcomisionado (r) José Orlando Leiva Natarén. Quien fue exjefe del Centro Penal de San Pedro Sula, porque, según las indagaciones, amasó una fortuna.
Información pública indicó que el expolicía pasó de ser un simple delegado policial en Cortés (a principios de la década de los noventa) a un potentado empresario que llegó a fundar varias empresas, entre ellas una sociedad mercantil en el estado de la Florida, Estados Unidos.
Su expediente fue enviado en 2014 al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Lo anterior, para que este organismo tipificara el delito de enriquecimiento ilícito.
Aquella investigación patrimonial se remitió en el mismo año al Ministerio Público para que formulara cargos de lavado de activos. Eso, junto con los de otros 11 exjerarcas policiales.
En esa lista está también el subcomisionado (r) Jorge Alberto Barralaga Hernández, quien se encuentra detenido en la cárcel de Támara, acusado de encabezar una estructura de lavado de activos proveniente del crimen organizado y narcotráfico.
Información de Inteligencia reveló que el exoficial Leiva Natarén, en sus 25 años de servicio en la Policía Nacional, logró construir un emporio económico que no se justificaba con su salario. Tampoco, con sus ingresos extras, los que no sobrepasaban los 100,000 lempiras mensuales (unos 4,248 dólares mensuales).
En las indagaciones se logró cotejar que estando activo en la Policía ya era propietario de tres gasolineras. Así como de una agencia de venta de partes automotrices, varias unidades de equipo pesado.} También, transporte de carga, un colegio de educación secundaria, una infinidad de viviendas y varios carros de lujo.
EN OPERACIÓN «DRAGÓN V»
Según el investigador, Leiva Natarén, además, tenía vínculos comerciales con otros altos exjefes policiales. Quienes poseían empresas de transporte de carga, entre ellos Jorge Alberto Barralaga. Así como un exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Tránsito (DNT) que habían incursionado en ese negocio.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial también abrió un expediente investigativo contra Leiva Natarén. Esto, por estar supuestamente involucrado en el robo y tráfico de combustible en la zona de Tela, Atlántida. Allí, donde asaltaban las pipas de transporte de carburantes. Se dijo que estas transitaban por el lugar con destino a otras regiones del país.
A Leiva Natarén se le seguía la pista desde 2013. Pero fue hasta enero de 2014 que ese cuerpo de asuntos internos policiales concluyó su investigación patrimonial. Esta reveló una fortuna que dejó sorprendidos a los investigadores y las autoridades de ese organismo.
EX POLICÍA TIENE ORDEN DE CAPTURA
Algo que llamó la atención de los investigadores fue el hecho que este exoficial aparentaba una vida normal y modesta. Además, con muy bajo perfil; pero con un movimiento de capital y dinero que no tenía ningún otro oficial de la Policía investigado.
Entre 2012 y 2015, según las autoridades, se cerraron aproximadamente 430 expedientes de investigación criminal que se enviaron al Ministerio Público. En ese mismo periodo se remitieron 17 informes de incongruencia patrimonial al Tribunal Superior de Cuentas, 12 de los cuales también se entregaron al Ministerio Público. Esto, para que formulara cargos por lavado de activos, incluyendo el de Barralaga y el de Leiva Natarén.
