Redacción. El artículo 283 de la Ley Electoral ha pasado del papel a ser el centro de una disputa institucional dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), después de que dos dictámenes legales —emitidos con apenas días de diferencia— provocaran un choque entre consejeros por la interpretación y aplicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el proceso electoral.
Durante los últimos días, la presidenta del CNE, Cossette López, defendió la legalidad de los pliegos de condiciones aprobados por mayoría. Ella ha asegurado que el artículo 283 otorga al CNE la facultad para verificar, sumar y totalizar las actas electorales, e incluso, acompañarse de los partidos políticos si lo considera pertinente.
López desmintió categóricamente las afirmaciones del consejero Marlon Ochoa, quien acusa al Consejo de centralizar ilegalmente el conteo de actas, suplantando a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
¿Qué dice el artículo 283 de la Ley Electoral?
El artículo 283 dice lo siguiente:
ESCRUTINIO GENERAL. El escrutinio general consiste en el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en el acta de cierre de cada Junta Receptora de Votos.
Cuando el acta de cierre presente inconsistencias con las demás certificaciones de resultados de la misma Junta Receptora de Votos, prevalecerá el resultado consignado en la mayoría de las certificaciones extendidas a los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, en su caso.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) podrá, cuando lo estime conveniente, previo a emitir la declaratoria final de elecciones, verificar en el caso concreto, los escrutinios realizados por los demás órganos electorales. El escrutinio general debe ser realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pudiendo auxiliarse de los partidos políticos participantes.
Cossette López: “no es opcional aplicar la ley”
“Nosotros estuvimos discutiendo ampliamente, tratando de llegar a un consenso que no se logró porque el miembro Ochoa votó en contra de los pliegos, porque él no acepta que se aplique el artículo 283”, expresó López.
La funcionaria aclaró que dicho artículo no es de aplicación discrecional y que el CNE tiene atribuciones claras y constitucionales para verificar los datos electorales.
“¿Es opcional que el CNE decida o no aplicar un artículo? No lo es. ¿Es un asesor legal o un consejero el que puede decir que es inconstitucional verificar los datos? Tampoco lo es”, subrayó. Además, acusó a Ochoa de crear una “crisis artificial” al manipular el lenguaje técnico para sembrar confusión en la opinión pública.
“Yo quiero decir que el consejero Ochoa es muy inteligente, por lo que puedo adjudicar esa aseveración es a querer manipular a las personas. El conteo de votos nunca ha sido atribución de la JRV. Es del CNE. La JRV se encarga de contar votos, y en el CNE verificamos las actas”, puntualizó.
La posición de Marlon Ochoa
El consejero afín al oficialismo sostiene que los pliegos aprobados por sus colegas contienen elementos que violan la Constitución. “La intervención humana que se ha aprobado en los pliegos de condiciones es inconstitucional e ilegal, y así lo ha determinado un dictamen propio del CNE del departamento de asesoría legal”, aseguró.
Según Ochoa, los términos de referencia del TREP aprobados por mayoría el domingo pasado incluyeron modificaciones que no estaban en la versión original remitida a dictamen legal. Por ello, solicitó una nueva opinión a la asesoría jurídica de la institución, que concluyó que los nuevos apartados representan una intromisión indebida antes de la publicación y transmisión de resultados preliminares.
“El dictamen concluye que es inconstitucional e ilegal esa intervención humana que pretenden agregar como paso previo a la divulgación y transmisión de resultados preliminares. Se debe dar una publicación automática e inmediata”, explicó Ochoa. En ese sentido, propuso enmendar los pliegos para que armonicen con la Ley Electoral.
A medida que se acercan las elecciones generales, la polémica se agudiza. Sin embargo, el reloj electoral avanza y la necesidad de reglas claras y aplicación fiel de la ley se vuelve urgente para evitar nuevas crisis institucionales en el marco del proceso electoral.
