Redacción. Un juez de letras designado dictó la medida de arresto domiciliario al diputado nacionalista, Nelson Márquez, y a otros seis acusados por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial.
La acción se dictó tras una larga audiencia inicial que finalizó en altas horas de la noche en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa.
De acuerdo con el Poder Judicial, fue el mismo Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR) quienes solicitaron al juez que Márquez y los demás acusados continuaran el proceso con arresto domiciliario.
La continuación de la audiencia inicial donde se presentarán y evacuarán más medios de prueba será el próximo martes 12 de agosto en punto de las 9:00 de la mañana.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, detalló que «el arresto será domiciliario, pero bajo vigilancia policial».
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¿Quiénes son los acusados y sus delitos?
Los encausados en este caso son:
- Nelson Javier Márquez (actual diputado)
- Eva María Vásquez Villanueva
- Juan Fernando Madrid Lezama
- Caronte Rojas Zavala
A estas cuatro personas la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCP), los supone responsables del delito de fraude.
Entre tanto a Rafael Eduardo Chávez se le imputa el delito de falsificación de documentos públicos. Por último, a Raimundo Esaú Gradiz e Irisabel Miranda Hernández se les señala del ilícito de prevaricato judicial.
El portavoz del Poder Judicial informó que la fiscalía presentó en la audiencia de ayer, martes, 67 medios de prueba. «De estos hay que hacer referencia que se trata de 61 documentales, 2 testificales y 4 periciales», explicó.
Es por ello que el próximo 12 de agosto la defensa de los imputados estará presentando y evacuando sus respectivas pruebas. El juez será el que determine cuáles son los medios que procede, para así dar su resolución.
Los demás acusados
El pasado martes 29 de julio, el Ministerio Público informó de la presentación de un requerimiento fiscal en contra de exfuncionarios, el actual diputado Nelson Márquez, abogados y jueces, acusados de coludirse para afectar las arcas estatales con más de 3 mil millones de lempiras a través de demandas ilegales.
Según el ente acusador, estas personas por décadas orquestaron un fraude, y para ello usaron como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Entre los acusados también figura: Lidia Estela Cardona, exprocuradora general de la República; Martha Vicenta Doblado, excordinadora general de gobierno y Murray Paul Farmer, representante de la empresa DCR Inc. A ellos se les supone responsables de fraude.
Del mismo modo, acusan a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), sospechoso de uso de documentos falsos y Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, acusado de falsificación de documentos.
