REDACCIÓN. La hondureña Sayda Mariela Ayala Pinto, de 35 años, fue arrestada el jueves 3 de julio en Pomona, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser señalada por múltiples fraudes relacionados con la compra y venta de camiones a través de su empresa “Milestone Truck”.
La captura se efectuó durante un receso en una audiencia civil donde Ayala enfrentaba denuncias por fraude. De acuerdo con informes, las acusaciones en su contra incluyen malversación de fondos, fraude con cheques, robo de identidad y uso indebido de información personal de sus clientes, en su mayoría pequeños empresarios latinos que confiaron en sus servicios para adquirir vehículos pesados.
Según las denuncias, Ayala habría utilizado los números de seguro social de sus clientes sin autorización para abrir cuentas de crédito a su nombre, lo que les generó deudas impagables y afectaciones económicas severas. Una de las víctimas, Karen Núñez, quien asegura haber perdido cerca de un millón de dólares, presenció la detención de Ayala y grabó el momento con su celular. “Siempre le pedí a Dios que nos hiciera justicia. Somos demasiadas víctimas”, expresó entre lágrimas a Univisión Noticias.
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Otro de los afectados, Rubén Sandoval, también celebró el arresto. “Hoy me siento un poco más cerca de la justicia”, manifestó- Al mismo tiempo, el abogado Adam Dolce, representante legal de varias víctimas, calificó la detención como un paso importante tras años de investigación.
Además de los delitos financieros, los fiscales indicaron que Ayala podría haber denunciado a algunos de sus propios clientes ante ICE como represalia. Esto agravaría aún más su situación legal y ética.
Su estatus migratorio también ha quedado en entredicho. Se conoció que solo cuenta con protección bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Sin embargo, de hallarla culpable de los cargos criminales que enfrenta, dicha protección podría revocarse y su permanencia en Estados Unidos se vería comprometida.
ICE no ha confirmado oficialmente si se ha iniciado un proceso de deportación. Sin embargo, las investigaciones continúan mientras decenas de víctimas esperan una respuesta judicial que les brinde justicia y reparación.
