TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, el Poder Judicial no es indispensable en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), sin embargo, el Ministerio Público y las Secretarías de Seguridad y Defensa no pueden quedar fuera.
Las declaraciones de Argueta se dan tras la no aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Especial de Defensa y Seguridad que envió la presidenta Xiomara Castro.
En ese proyecto de Ley, el Ejecutivo contemplaba eliminar del Consejo a los titulares del Poder Legislativo, la CSJ, Ministerio Público (MP) y Defensa.
«MP, Seguridad, Defensa y DPI no pueden quedar fuera de este ordenamiento en cuanto a una entidad estatal de política criminal se refiere», señaló Argueta.
En ese sentido, lamentó y cuestionó lo que el partido Libertad y Refundación (Libre) siempre criticó, que es la concentración de poderes en una o dos personas.
«Pareciera a la luz del contenido del proyecto una concentración de poderes aún más evidente que en las circunstancias anteriores o todavía actuales, porque entendemos que prevalece la ley vigente desde hace unos años», refirió el titular del Poder Judicial.
De igual manera, dijo que para una reforma es necesario un espacio de apertura y discusión de las distintas entidades para una nueva política, sin que una sola persona tome las decisiones de esta naturaleza.
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Estuvieron en contra de algunas mociones
Por otra parte, Rolando Argueta indicó que posee la documentación de los votos en contra del Poder Judicial ante las decisiones que tomó el anterior Consejo de Defensa y Seguridad.
«Se mocionaba por parte del Consejo, especialmente por la presidencia de la República (Juan Orlando Hernández) y nosotros nos opusimos y no votamos en favor de algunas de esas mociones», aseguró.
Al respecto, especificó haber estado en contra del préstamo de 4 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, los 236 millones de lempiras en presupuestos anuales de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y 19 mil dólares mensuales para el pago de arrendamiento del edificio Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), cuando ya había abandonado el país.
Además, dijo que estuvieron en desacuerdo con las operaciones Morazán I y Morazán II, así como la compra de materiales para las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.
En la sesión del jueves 18 de agosto, el Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley de Defensa y Seguridad, porque no lograron la mayoría simple necesaria a favor (65 votos) en su tercer y último debate.
Por esa razón, la presidenta Xiomara Castro deberá convocar al Consejo de Defensa y Seguridad con la Ley vigente desde 2011.
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