TEGUCIGALPA. Arabesca Sánchez, experta en seguridad, reclamó ayer sobre la invisible voluntad del Ministerio Público que aún no emite ningún requerimiento contra más de 80 oficiales de la Policía Nacional que han sido separados por la Comisión Depuradora.
La Comisión Depuradora ha separado, en tan solo dos meses de actividad, una cantidad notable de policías. Suman 80 hasta ahora. Esta limpieza inusual en Honduras, no podía ocurrir sin represalias. Ayer se reportó que un miembro de la Comisión había recibido una nota que contenía una fotografía de un policía militar ante una escena de crimen y en letras recortadas de periódico la frase “Va a pagar duro”.
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Arabesca Sánchez, analizando el tema de las amenazas en profundidad en Radio Globo, encuentra la raíz del problema en la falta de apoyo brindado por parte del Ministerio Público: “En dos meses, a pesar de la cancelación de los oficiales policiacos se están yendo con pago de prestaciones. Pero no hemos visto ningún requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. Ese creo que es el gran problema detrás de la depuración: que no hemos visto la voluntad política por parte del Ministerio para actuar a pesar de que se señalan actos de enriquecimiento ilícito, actos de corrupción con narcoactividad, actos de homicidio incluso, y que todavía el Ministerio Público todavía no ha requerido a nadie…”.
Arabesca Sánchez también presiona
Se tiende a caer en el error de pensar e incluso esperar que la Comisión Depuradora requiera a los personajes inculpados en procesos legales y judiciales, sin embargo, Sánchez aclara que estas son obligaciones que ya no son pertinentes a la Comisión: “no es una institución con la capacidad legal de requerir a nadie en tribunales. Lo que sí pueden hacer -porque están completamente autorizados para ello- es rotar esos expedientes al Ministerio Público, hacerlos públicos de hecho y empezar a hacer los señalamientos concretos, para que sea la Fiscalía quien lleve estos requerimientos a los tribunales y comiencen con todo este proceso investigativo.”
Arabesca Sánchez hace un llamado al Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguros e incluso al Consejo Nacional Anti Corrupción a brindar las herramientas claves que la Comisión Depuradora tanto necesita en estos momentos.
“Creo que no toda la responsabilidad está en la Comisión, pero sí llama la atención que después de 80 oficiales separados el Ministerio Público no tiene un solo requerimiento de esos casos en tribunales”, concluyó la experta en seguridad.
DUEÑO DE CASAMATA
Al preguntarle respecto al reclamo del exdirector policial Salomón de Jesús Escoto Salinas, quien demanda el enorme inmueble del Cuartel General de Casamata como propiedad suya. Reclamando así, por añadidura, el pago de una millonaria cantidad de lempiras por concepto de alquiler, Arabesca Sánchez expresó lo siguiente: “si se diera el caso de que hay una propiedad por parte de este personaje policiaco entonces la Comisión Depuradora debe de rotar cuanto antes ese expediente al Ministerio Público y a la Fiscalía contra la Corrupción”.
