Redacción. El Congreso Nacional aprobó este miércoles reformas a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, con las cuales se otorgan descuentos de hasta un 35 % en servicios públicos, comunicación y bienes inmuebles a favor de personas de la tercera y cuarta edad.
La reforma se hizo al artículo 31 del Decreto Legislativo No. 199-2006. Este establece que los derechos y beneficios económicos dirigidos a adultos mayores, tanto jubilados como no jubilados y pensionados.
Con las modificaciones, las personas de la tercera edad accederán a un 25 % de descuento y las de la cuarta edad a un 35 %, aplicables en el pago de la factura por suministro de energía eléctrica y consumo de agua potable, independientemente de que los servicios sean prestados por empresas públicas, privadas o de capital mixto.
También se establecen rebajas en servicios de comunicación, como telefonía fija, móvil, internet y otros similares. En el caso de la televisión por cable, el descuento será de 30 % para la tercera edad y 40 % para la cuarta edad, sobre el monto total de la factura.
En cuanto a tributos, los adultos mayores recibirán una reducción del 25 % y 35 % respectivamente en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el recibo deberá estar a nombre del beneficiario. Estas rebajas también aplicarán en el impuesto de salida por servicios aeroportuarios.
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Supervisión y canal de denuncias
Para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones, el decreto establece que la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor realizará inspecciones periódicas de oficio en instituciones, comercios y puntos de venta, tanto públicos como privados, en todo el país.
Dicha fiscalía tendrá la facultad de tomar medidas inmediatas y aplicar sanciones a los establecimientos que incumplan con la normativa de descuentos.
Además, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), por medio de la Dirección General de Protección al Consumidor y la Fiscalía, a establecer un procedimiento ágil y eficiente para que los adultos mayores puedan presentar denuncias por incumplimiento de parte de empresas o instituciones.
También se deberá restablecer de forma funcional el canal de denuncias, tanto en oficinas físicas como a través de la línea telefónica 115 y las plataformas digitales y redes sociales oficiales. Las denuncias deben tramitarse y resolverse en la Fiscalía correspondiente.
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