San Pedro Sula, Honduras. Los apoderados legales del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá consideraron «un exceso» las acusaciones y órdenes de captura ejecutadas este viernes por el Ministerio Público, aduciendo que sus representados «ya se habían presentado voluntariamente» hace 7 años, cuando iniciaron las investigaciones del caso.
A primera ahora de este día, el Ministerio Público acusó y liberó órdenes de captura contra algunos desarrolladores del proyecto habitacional y cinco funcionarios municipales por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios a título de autores en perjuicio de la administración pública.
En tal sentido, en conferencia de prensa, Clovis Duarte apoderado legal de la empresa inmobiliaria El Activo S. de R.L., e Inversiones MPG S.A de C.V. dueña del proyecto, valoró las acciones acusatorias y consideró que la Fiscalía «nunca debió ejercer una acción penal pública en contra de nuestros representados y las sociedades mercantiles que también representamos».
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En su intervención ante los medios, Duarte consideró «un exceso» las órdenes de captura giradas, y calificó de «indignante» el hecho de que «un ciudadano hizo una comparecencia voluntaria desde hace 7 años, desde que surgió esta investigación, y que el día de hoy vengan manifestando que las capturas son un logro«, añadió.
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Tienen todos los permisos
Duarte también señaló que en los allanamientos hubo miembros de las Fuerzas Armadas que «encañonaron» a los parientes de sus representados.
«Son detenciones arbitrarias», dijo. Y adujo que «todo esto afectó la dignidad» de sus representados.
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El equipo legal del proyecto habitacional también hizo énfasis en que Ciudad Jaraguá cuenta con «todos los permisos y el papeleo», y que «en ningún momento estamos dañando el medio ambiente», tal y como reza un comunicado que habían publicado horas antes.
Duarte incluso aseguró que la obra «no está construida en zona de reserva«, como lo denota la acusación del Ministerio Público.
«Toda inversión requiere un manejo sostenible. En relación a los proyectos Prado, Bosques y Cumbres de Jaraguá, para todos han sido solicitados sus permisos desde 2015», explicó.
Además, dijo que todo lo que están haciendo con el proyecto «es más para levantar el perfil» del Ministerio Público. Por otro lado, dijo que no descartan que haya «otros intereses» que puedan ser usados para afectar a sus representados.
«Vamos a ejercer el derecho a la réplica, como lo tiene todo ciudadano. Quiero aclarar que cada uno de los miembros de la sociedad mercantil es inocente por derecho constitucional», finalizó diciendo.
