TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los diputados señalados por actos de corrupción deben abstenerse por ética del servidor público de participar en la elección del Fiscal General, demandaron las organizaciones de la sociedad civil mediante un comunicado.
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en el marco de la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, se manifestaron al respecto.
La carta establece que “los parlamentarios que están siendo acusados ante los Tribunales de Justicia por la supuesta comisión de delitos no debe tener un papel relevante en el proceso de designación del nuevo Fiscal General».
Basados, según la Sociedad Civil, en el “Código de Conducta y Ética del Servidor Público”.
En ese sentido, si los diputados investigados y acusados por el Ministerio Público participan esta situación le «restará credibilidad y legitimidad» al proceso, advirtieron.
El comunicado agrega que “los diputados deben colocar los intereses del país por encima de los personales”. Los funcionarios que no tienen cuentas con la justicia deben actuar con la responsabilidad al evaluar la terna de los cinco ya escogidos para el cargo, explicaron.
De ser necesario, sugiere la Sociedad Civil, que se amplié la evaluación de las hojas de vida mediante procesos más rigurosos. Estas acciones reforzarán de gran manera su perfil profesional. Además, se tendrá una visión más amplia sobre sus cualidades.
Tiempo para la elección del Fiscal
La elección del Fiscal General y Adjunto vence en dos meses. Todo lo anterior servirá para que haya consenso entre las bancadas dentro del Congreso Nacional.
Se necesitan 86 diputados para que se pueda elegir al Fiscal General del Ministerio Público. “En esta elección no se permiten ni se admiten prisas injustificadas,” advierten las organizaciones civiles.
Hay suficiente tiempo para el nombramiento de quienes dirigirán tan importante ente operador de justicia, manifestaron. De forma directa el comunicado establece que no se permitirá un “quebrantamiento al orden constitucional».
También agrega que no se consienten «la manipulación de los grupos de poder político, económico o criminales de reprochable y constitutivo de delito».
Por su parte, dijeron que no van a tolerar cualquier intención de nombrar un Triunvirato Interventor; el cual convertiría al MP en un botín político-partidario, agregó la APJ.
Lo anterior, serviría, según el documento, como un instrumento para prolongar la impunidad que ya se está empezando a revertir. Finalmente, la Sociedad Civil hace un llamado a la población en general para que estén atentos al proceso de elección.
Para que de esta forma se pueda incidir ante el Congreso Nacional y seleccionen a los más decentes. También a los mas valientes profesionales para que asuman el control en el Ministerio Público, concluyó el documento.
