HONDURAS. El Ministerio Público (MP), obtuvo la orden de la apertura a juicio en contra del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla. A los tres se les acusa de ser responsables del delito de lavado de activos.
El 4 de noviembre, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detuvo a Santos Orellana. Junto a él, que llevaba cargada en brazos a su hija, también detuvieron a su esposa, la abogada Jennifer Bonilla.
La detención ocurrió en el Aeropuerto Toncontín hasta donde llegó la ATIC con una orden de captura en su contra. Asimismo, detuvieron a su suegra, Reina Lizzeth Bonilla Márquez.
Delito
En la audiencia preliminar, efectuada la semana anterior, el Ministerio Público formalizó acusación por el delito de lavado de activos en contra de los tres encausados.
De acuerdo a un testigo originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de la incautación y las armas que lograba decomisar se las entregaba a la banda criminal «ZIPE».
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos, donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Asimismo, en escuchas telefónicas negociaba la entrega de drogas a criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente se lo enviaba a su esposa y suegra, aseguran en reportes.
Posteriormente, al realizar el análisis financiero «se pudo comprobar» que, durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas, recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
Asegura ser preso político
Tiempo atrás, Orellana a través de un comunicado se declaró inocente de los cargos que le imputan y aseguró ser un preso político.
«Fuimos objeto de detención ilegal, forzada, arbitraria, injusta, inhumana y violatoria a nuestros derechos y garantías fundamentales, este servidor y mi familia», manifestó.
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También, aseguró que debido a que él y su esposa no tienen bienes, las autoridades «se ensañaron» con su suegra. «Las fuerzas represivas de este gobierno se ensañaron con los bienes de mi suegra doña Reina Lizzeth Bonilla Márquez», lamentó.
De la misma manera, Orellana dijo tener los documentos legales para justificar sus bienes. «Demostraremos la legalidad, honestidad y transparencia de los bienes familiares que nos fueron asegurados de manera temeraria, como ser nuestra casa de habitación y los bienes de mi suegra», agregó.
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