Redacción. En medio del creciente descontento por el colapso de la empresa Koriun Inversiones, que dejó a miles de hondureños sin los ahorros que confiaron en esta plataforma, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dio un anuncio que rápidamente ha generado debate.
Marcio Sierra, presidente de la CNBS, informó que «como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de Ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional».
Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la Presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de Ley que será enviado de urgencia al congreso nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional
— Marcio Sierra Discua (@MarcioSierraD) May 16, 2025
Este anuncio, aunque podría representar un alivio para los afectados, ha puesto a diferentes sectores a pensar si es correcto utilizar dinero público para cubrir pérdidas por fraude de un ente financiero.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Leonardo Pineda, representante de sociedad civil en San Pedro Sula y analista independiente, ha estado documentando el caso y aportó un análisis comparativo de cómo han reaccionado otros países ante estafas similares.
Explicó que Koriun operaba bajo un esquema Ponzi, definido como «un tipo de estafa donde se promete a los inversores altos rendimientos, pero en realidad se les paga con el dinero de nuevos inversores, no con ganancias reales. Funciona mientras haya nuevos participantes, pero colapsa cuando no hay suficiente dinero para pagar a todos».
Este tipo de estafa no es nueva. Ha afectado a miles de personas en distintos países, causando pérdidas económicas, desestabilización social y desconfianza institucional. Sin embargo, la forma en que los gobiernos han respondido a estas crisis varía, y en la mayoría de los casos, los afectados no reciben indemnización directa con dinero público.
¿Qué han hecho otros países?
Pineda analizó seis casos internacionales que permiten dimensionar la particularidad de la respuesta hondureña ante el caso Koriun.
1. Estados Unidos – Caso Bernie Madoff (2008)
Madoff protagonizó el mayor fraude Ponzi conocido, con pérdidas estimadas en 64,800 millones de dólares. Fue condenado a 150 años de prisión. El gobierno no usó fondos públicos para indemnizar a las víctimas. En cambio, se nombró un fideicomisario que logró recuperar unos 13,000 millones de dólares de los activos del propio Madoff.
En lugar de rescatar a los inversionistas, el enfoque fue penal y regulatorio. Se fortaleció laSEC y se creó un programa de denunciantes para detectar fraudes.
2. Albania (1996)
Una serie de esquemas Ponzi colapsaron, provocando disturbios masivos, el derrocamiento del gobierno y alrededor de 2,000 muertes. A pesar del caos, no se compensó a los inversionistas con fondos estatales. La prioridad fue restaurar el orden y luego mejorar la regulación financiera.
3. Colombia – Caso DMG (2008)
DMG captó ilegalmente cerca de 1,000 millones de dólares. Hubo protestas en varias ciudades. El gobierno declaró estado de emergencia y procesó judicialmente a los responsables. No hubo indemnización estatal. Los esfuerzos se enfocaron en recuperar activos, con resultados limitados.
4. Jamaica – OLINT y Cash Plus (2000s)
Las pérdidas alcanzaron un 12.5% del PIB. Las autoridades actuaron tarde y no ofrecieron compensación estatal. Se intensificó la regulación financiera después del colapso.
5. Filipinas – Caso Kapa (2019)
Kapa prometía retornos del 30% mensual. Fue cerrado por el gobierno. No se utilizó dinero público para indemnizar. Se enfocaron en congelar activos, arrestar al líder y lanzar campañas de educación financiera.
6. Túnez – Caso Adel Dridi (2013)
Más de 50,000 personas fueron afectadas. No se compensó a las víctimas. La falta de regulación y la ineficacia para recuperar los fondos dejó a muchos sin recursos legales.
En todos los casos, Pineda destaca:
- Los gobiernos priorizan la persecución penal y la recuperación de activos.
- No es común usar fondos públicos para rescatar a víctimas de esquemas Ponzi. Esto se considera riesgoso, ya que podría generar un precedente peligroso e incentivar decisiones financieras imprudentes.
- Las reformas regulatorias y la educación financiera se implementan como medidas preventivas tras los colapsos.
¿Y en Honduras?
Lo que ha propuesto el gobierno hondureño rompe con el patrón internacional. El proyecto de ley anunciado por la CNBS plantea utilizar recursos del Presupuesto General para compensar a los afectados de Koriun.
Leonardo Pineda resalta que esto no ha ocurrido en los países estudiados: “ni siquiera en el caso de Madoff, que fue el mayor fraude financiero de la historia, el gobierno de Estados Unidos usó fondos públicos para indemnizar. Y en otros países, aunque la crisis fue socialmente devastadora, como en Albania o Colombia, los gobiernos no compensaron a los afectados directamente”.
Esto deja a Honduras en una posición singular. Hay factores que podrían explicar la intención del gobierno hondureño:
- Presión social: miles de personas, muchas de escasos recursos, han sido afectadas. La presión de familiares, líderes comunitarios y medios podría estar empujando al gobierno a actuar.
- Legitimidad política: en un contexto de desconfianza hacia las instituciones, una acción como esta puede percibirse como un gesto solidario. Pero también puede ser interpretado como populismo riesgoso, si no se aclaran los mecanismos de fondo.
Hugo Noé Pino: el riesgo de sentar precedentes
En una entrevista reciente con TN5, el economista y diputado Hugo Noé Pino expresó preocupación sobre el uso de fondos públicos. Cuestionó si es constitucional y sostenible utilizar dinero del Estado para cubrir pérdidas provocadas por un esquema fraudulento no regulado.
Aunque su intervención no fue publicada completa, se entiende que su enfoque se dirige a evitar precedentes que puedan obligar al Estado a responder en futuras situaciones similares.
Si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley, Honduras se convertiría en uno de los pocos países en el mundo que decide usar fondos públicos para resarcir a víctimas de un fraude financiero privado. Eso podría traer alivio inmediato a muchas familias, pero también abrir debates sobre la responsabilidad del Estado, la prevención de delitos financieros y el manejo de fondos públicos.
