La determinación de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CBNS) de proceder a la liquidación forzosa de Banco Continental, S. A., y desestimar sin miramiento la liquidación voluntaria propuesta como la solución más justa y apropiada para salvaguardar el interés público, de los depositantes, clientes y empleados de esta institución financiera.
Esa decisión de la CNBS, aunque argüida en el propósito de garantizar dicha salvaguarda, no fue razonada —como debiera ser toda resolución de un tribunal— evaluando el planteamiento de la liquidación voluntaria, sin duda la más adecuada para garantizar el patrimonio de los inversionistas y ahorrantes, lo cual ha puesto en vilo la confianza en el sistema y provocado la angustia de millares de hondureños afectados directa e indirectamente en su diario vivir y por la incertidumbre de su futuro personal y familiar.
La casi totalidad de los conocedores en materia financiera expresan su sorpresa por esta actuación de la autoridad bancaria y de seguros, vale decir del gobierno, cuyo impacto paralizante de la economía no se ha hecho esperar, al extremo de provocar un desasosiego general, y, por supuesto, toda clase de especulaciones sobre las motivaciones, de suyo incomprensibles.
Asimismo, la forma brutal, rabiosa, a contrapelo del debido proceso aplicada a los miembros de la Familia Rosenthal para sindicarlos criminalmente en Estados Unidos, ha causado estupor en la sociedad y el pueblo hondureño, que se sienten, por diferentes motivos, solidarios con ellos, convencidos de la injusticia y la irracionalidad de esta acusación a personas reconocidas por su méritos personales y profesionales, pero sobre todo por la dedicación al trabajo honrado y al servicio de su país, Honduras, con un liderazgo aquilatado por casi cien años.
Las demostraciones del descontento público no se han hecho esperar, con evidentes señales de angustia y desconsuelo por este dramático episodio del acontecer nacional, francamente devenido en tragedia, que el gobierno no podrá revertir, pese a sus incansables fabulaciones sobre grandes logros en el desarrollo económico y social, así como su dedicación a la reivindicación de los pobres.
Por otra parte, ahora, como nunca antes en la Historia patria, aflora en la nación el sentimiento de indefensión y pérdida de la soberanía, de cara a las imposiciones del hegemonismo imperial, cada vez más insensible y descarnado en la aplicación de su doctrina mesiánica, por encima de las singularidades de los Estados y los pueblos.
En este caso, los partidos, la sociedad civil, los sectores económicos, laborales y culturales, se ven situados en la disyuntiva crucial de volver por los fueros de la soberanía, cuya máxima voluntad es la justicia en el amplio sentido del término. Una demanda justiciera que en esta ocasión se funda en el cumplimiento de los principios inmanentes de la presunción de inocencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
