TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del analista Raúl Pineda, hay intereses de tipo político en el proceso de judicialización en los casos del desfalco financiero al IHSS.
Para Pineda el problema fundamental tiene que ver con las connotaciones políticas.
Pineda señaló a Tiempo Digital que existe el miedo que las personas condenadas no quieran asumir sus responsabilidades solos. Si esto ocurre podrían afectar a poderosos hondureños en este año electoral.
En otras palabras, el analista piensa que si alguien va a la cárcel, a lo mejor no quiera irse solo. «En un año electoral esto puede afectar a los políticos», declaró el analista.
Reconoció que la sociedad hondureña no cree que los apresados y judicializados serían los únicos culpables. «Nadie en la sociedad hondureña acepta que los que están presos sean los únicos autores», señala.
Para Pineda la población ve a los apresados como actores intermedios. Es decir, ellos favorecieron a otras personas con mayor poder. De esta manera se beneficiaron personas que actualmente están en carrera electoral.
Injerencias políticas tiene parado el caso del IHSS
Además, Pineda, indicó que la lentitud en los procesos de juicios del Seguro Social es lo mejor para «ciertos intereses que se benefician de esta lentitud».
Argumentó que la lentitud en la resolución de casos es para esperanzar a los imputados en la posibilidad de ser absueltos.
El analista subrayó que la lentitud «evita el debate de la condena» y así mantiene a la población a la espera.
Sin embargo, refirió que el proceso de estancamiento en las condenas para el próximo año sería mejorado.
Pineda ve muy difícil que los juicios caminen con la rapidez con la que deberían hacerlo en un sistema de justicia que quiera actuar de manera expedita.
«Siento que ya el otro año las situaciones se van a modificar y miraremos estos juicios derivando en lo que van a terminar: una condena», finalizó el entrevistado.
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Antecedentes
El desfalco al Seguro Social dejó un perjuicio de más de 7 mil millones de lempiras. Esto según los informes de las autoridades encargadas.
En este mega fraude financiero están involucradas más de 20 personas. Entre ellos el ex directivo y supuesto principal responsable, Mario Zelaya, entre otros.
