TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ex primera dama, Ana García, aseguró que la acusación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), contra el expresidente Juan Orlando Hernández, forma parte de una conspiración.
Mediante una publicación en sus redes sociales, la hondureña indicó que se trata de una persecución y conspiración política.
«Se confirma hoy claramente cuando se presenta una acusación sobre un caso donde el Poder Judicial en sus diferentes instancias ya se ha pronunciado», detalla.
Del igual manera, García comentó que varias de las personas mencionadas en el caso han sido libradas de responsabilidad. Además, la ex primera dama resaltó que su esposo nunca fue mencionado o citado a declarar.
«He puesto en conocimiento a mi esposo Juan Orlando Hernández sobre esta acusación. Sorprendido de esto, porque es una línea de investigación que desde el 2018 maneja la UFERCO (antes UFECIC) y nunca antes, en más de cinco años habían mencionado o presentado algo contra mi esposo», comentó.
Linchamiento político
En este sentido, García expresó que Hernández era víctima de violaciones a sus derechos, debido a una persecución política. Del mismo modo, la ex primera dama indicó que la acción es parte de un guion de ataque y linchamiento político.
«Juan Orlando me ha pedido instruir a nuestros abogados para definir una estrategia legal de defensa ante esta persecución política. Juan Orlando es inocente y pronto volverá», culminó diciendo en la carta.
Acusación
La Unidad Fiscal Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó el caso denominado «Pandora II», donde se acusa a los expresidentes nacionalistas Juan Orlando Hernández (JOH) (2014-2022) y Porfirio Lobo Sosa «Pepe» (2010-2014) de los delitos de lavado de activos y fraude.
Los fiscales de la UFERCO llegaron hasta la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar la documentación. En el caso, también se imputan a otros exfuncionarios de los gobiernos de los dos exmandatarios.
Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, informó que fueron más de 288 millones de lempiras los que se sustrajeron de las arcas del Estado, a través de la creación de una red de corrupción a lo interno de varias instituciones.
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Entre estas instituciones figuran:
- La presidencia de la República
- Congreso Nacional
- Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)