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miércoles, mayo 1, 2024

Juicio de Berta Cáceres: Amplían denuncia contra funcionaria del MP por supuesta manipulación de documentos

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Redacción. El equipo de defensa de David Castillo, ingeniero acusado del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, presentó hace poco el recurso de ampliación de la denuncia en contra de una perito del Ministerio Público (MP).

Los abogados del implicado, Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, se trasladaron a la Fiscalía a interponer el recurso legal en contra de Brenda Barahona que, según el documento, no solo -supuestamente- ha manipulado pruebas sino que también ha dado falso testimonio en el caso.

Por lo tanto apuntaron que el juicio en contra del defendido debería ser declarado nulo. «El juicio es nulo desde que se presenta pruebas que están falsificadas, editadas y borradas. Y no se hizo nada desde el sector justicia», comentó Sánchez Cantillano.

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Las autoridades judiciales condenaron a Castillo en junio del 2022.

Investigaciones: primera denuncia en 2019

El equipo legal de David Castillo indicó que el Ministerio Púbico debe de culminar la investigaciones relacionadas al caso y prestar atención cuando se presenten irregularidades en los procesos.

En el 2019 ya habían interpuesto una denuncia en contra de la perito, quien pertenecía a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. «Hemos pedido al Ministerio Público que investigue de dónde sale esta perito, quién la nombró, quién solicitó su nombramiento desde la DNII», recalcó.

Condena 

En junio del 2022, la justicia condenó a 22 años y 6 meses de cárcel a Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista. Al hondureño -que se desempeñaba como ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA)- lo nombraron «coautor intelectual» del asesinato de la líder lenca.

Defensa David Castillo denuncia perita
Castillo cumple su condena en una cárcel del territorio nacional.

El Ministerio Público asegura que Castillo «concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca».

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