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jueves, julio 3, 2025

Amplían cargos contra implicados en caso Koriun; suman asociación para delinquir

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Redacción. Un juez penal con jurisdicción nacional dictó este jueves auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Iván Velásquez y Marco Abel Villeda, gerente y empleado respectivamente de la empresa Koriun Inversiones.

La misma medida se le impuso a la señora Kefi Navarrete, esposa de Velásquez, con la diferencia que ella goza de arresto domiciliario por su maternidad.

De acuerdo con el informe del Poder Judicial, la decisión responde a una ampliación del requerimiento fiscal presentada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que ahora también los acusa del delito de asociación para delinquir, además de los cargos previos por lavado de activos.

Informe Poder Judicial en X
Informe del Poder Judicial en X.

Otros implicados 

El Ministerio Público solicitó recientemente una orden de captura contra cuatro nuevos implicados en el caso de la financiera Koriun Inversiones. Este proceso judicial, que investiga una presunta estafa piramidal, continúa expandiéndose.

El ente acusador del Estado ha solicitado específicamente la orden de captura contra los siguientes individuos:

  • Elder Giovanny Gómez Guevara
  • Juan Carlos García Ríos
  • Devís Yuvini Velásquez Urbina
  • Renán Humberto Mairena

Lea también: Solicitan orden de captura contra otros cuatro implicados en caso Koriun

Koriun Inversiones

Según la acusación, el esquema de Koriun Inversiones operaba utilizando los fondos de nuevos clientes para pagar supuestos intereses a antiguos inversionistas. Esto generaba una apariencia de solvencia y rentabilidad sin respaldo financiero legal, característico de una estafa tipo Ponzi.

La compañía ha sido señalada por operar de manera irregular y sin el aval de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Las autoridades mantienen una investigación sobre el caso de Koriun.

Koriun Inversiones operaba únicamente con un permiso municipal y no estaba registrada como entidad financiera ante los organismos reguladores nacionales. Esta falta de supervisión facilitó la estructuración de un esquema fraudulento de grandes proporciones que afectó a miles de hondureños, llevando ahora a una ampliación de las investigaciones y nuevas órdenes de captura.

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