Ambientalistas rechazan dictamen sobre Bosques de Santa María; anuncian acciones

318
ambientalistas
Activistas que defienden el área cercana a La Tigra, aseguran que no se quedarán callados ante el informe que brindó la comisión del Congreso Nacional para el tema.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Según el dictamen legislativo, el proyecto habitacional «Bosques de Santa María» cumplió el proceso para la obtención de licencias. Ambientalistas se oponen a la interpretación y anuncian acciones.

En respuesta, mañana se llevará a cabo una manifestación. La parte opositiva desconoce la resolución y anticipa que emprenderá una demanda internacional. Además, anuncia que proseguirá con acciones penales contra los desarrolladores del proyecto.

Christopher Castillo, en su posición de director de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCA), habló en defensa del territorio boscoso y desveló que, desde un inicio, no esperaban un dictamen positivo por parte de los diputados.

Lea también: Cambio Climático: El mar se «come» 600 metros de línea costera de OMOA (1 Parte)

Acciones y consideraciones inmediatas

Sólo horas después de conocerse la parte de la comisión del caso en el Congreso Nacional, los ambientalistas y organizaciones que están en contra del proyecto se pronunciaron.

En primera instancia, ya se convocó a una protesta en la zona para mañana (jueves). Serán diferentes organismos los que se sumarán a la acción.

«En horas de la tarde anunciaremos una manifestación para mañana. Vamos a convocar a todos los sectores posibles, incluyendo organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones ambientales, y pobladores de La Tigra», dio a conocer Castillo.

En base con la consideración del activista, la Cámara Legislativa se contradice en sus pensamientos.

«El mismo documento del Congreso dice en el inciso número tres que no está totalmente (el proyecto habitacional) en la zona de amortiguamiento. El mismo escrito valida nuestro argumento de que hay un sector de Santa María que se encuentra ahí», denunció.

¿Resolución objetiva?

El dirigente desconfía del parlamentario Oswaldo Ramos Soto (quien lidera la comisión) ya que, según él, sostiene un vínculo cercano con el alcalde capitalino; ambos, según dejó entrever, buscan su interés particular y no el de los pobladores.

«Oswaldo Ramos Soto ha tenido una complicidad histórica con ´Tito´ Asfura. Incluso fungió como su jefe de campaña. Entonces, desde un inicio no esperábamos un dictamen positivo a nuestras demandas porque la comisión está conformada por personas que jamás han respondido a demandas de este pueblo», señaló.

De igual manera aquejó que sólo una vez pudieron comunicarse con Ramos Soto y después no ha contestado los llamados.

«Estamos descontentos y hacemos un llamado a las organizaciones y la población a desconocer esta resolución de la comisión porque carece de la legitimidad de las organizaciones», añadió.

Sin validez jurídica

Por otro lado, Castillo también recordó que lo que emitió la comisión no tiene la propiedad de legislación jurídica. No obstante, sí puede tener injerencia en las decisiones oficiales que sean tomadas.

«Es un informe que no es jurídicamente vinculante, pero sí aporta insumos para que Mi Ambiente (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) no cancele la licencia ambiental; asimismo para que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente no tome acciones en el asunto como lo plantean las demandas colectivas», detalló.

Más acciones, amenazas, y ayuda internacional

El mandamás de ARCA dio a conocer que no sólo marcharán en contra del informe que presentó el Congreso Nacional; en un futuro a corto plazo, emprenderán otras acciones para este proyecto que «generará sequía y  una afectación a la autodeterminación de los pueblos».

También, están haciendo las diligencias preparatorias para entablar una demanda contra los desarrolladores y el edil del Municipio del Distrito Central (MDC); además están a la espera de acciones penales contra las personas que aprobaron los licenciamientos ambientales.

Por la oposición que han mostrado, Castillo asegura que han recibido amenazas a muerte y persecuciones. «En el dictamen no se contempla todo el conflicto social que ha generado el proyecto», dijo.

En el mismo sentido, comentó que han recibido apoyo de ambientalistas de México, Costa Rica y Panamá; los mismos se personarían al área para acuerpar la lucha que sostienen.