Redacción. La Red Escazú -espacio conformado por 36 organizaciones no gubernamentales, movimientos territoriales y de derechos humanos- presentaron una iniciativa para la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú: iniciativa de Ley Ciudadana que «recoge la voz soberana de 8,000 personas que exigen compromisos y acciones concretas para que el gobierno adopte».
Escazú es un ente comprometido con la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, sin temores por ejercer con plenitud los derechos de acceso a la información, participación pública, defensa de derechos y justicia en asuntos ambientales.
El ambientalista Leonel George dijo que están al tanto de que el Acuerdo de Escazú es una ayuda en materia ambiental y que ayudará a quienes hacen defensa de territorios protegidos: ríos, cuencas, entre otros.
«Es una herramienta en materia ambiental para garantizar acceso a información. También al acceso de la justicia y participación de las comunidades en decisiones con relación a concesiones mineras. Hemos llegado aquí (Congreso Nacional) porque se presentará una iniciativa ciudadana», expresó.
Respaldo
La propuesta, que tiene el respaldo de más de 80 mil firmas, más el apoyo de distintos sectores pertenecientes a comunidades indígenas y campesinos, busca que el gobierno hondureño adopte -dentro de la legislación nacional- el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
«El congreso Nacional debe ratificarlo. Como no ha pasado el proceso, deben aprobarlo para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú en Honduras», agregó George.
La red se pronunció mediante un comunicado por el aumento de la degradación y contaminación ambiental, asesinatos y amenazas contra personas defensoras del medio ambiente. A esos factores le siguen la migración por desplazamiento climático, desalojos al campesinado y sobreexplotación de bienes naturales por los monocultivos.
Costa Rica adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo de 2018 y entró en vigor hasta abril de 2022. La iniciativa la han ratificado 16 países de América Latina desde su aprobación, aunque Honduras ha estado «realizando un proceso de consulta sobre si se adopta o no dentro de la legislación nacional».
«El gobierno actual mantiene estancado el proceso, en dependencia de la decisión del Poder Ejecutivo. Honduras fue uno de los países que en su momento alentó y participó en la creación del acuerdo», reza una parte del comunicado.
