San Pedro Sula. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) admitió la formal impugnación que presentó la Municipalidad de San Pedro Sula (MSPS), contra el informe que realizaron los auditores del TSC, favoreciendo a la empresa recolectora de desechos sólidos, Sulambiente.
En el informe, No. 002-2022-DAM-CFTM-AM-B, los auditores del TSC concluyen que la MSPS debe pagar una millonaria suma a Sulambiente. El monto asciende a 800 millones de lempiras por el concepto de “mayores costos”.
Diario Tiempo tuvo acceso al documento recibido por el TSC, con fecha del jueves 18 de mayo de 2023, a las 11:27 de la mañana; en él figura el nombre de Mario Roberto Urquía Fajardo como procurador general de la Alcaldía sampedrana.
Según el documento, la impugnación se sustenta en la violación al debido proceso administrativo y por no estar su contenido conforme a la legislación nacional.
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En la relación de hechos se detalla que la MSPS solicitó al entonces presidente del TSC, Roy Pineda Castro, realizar una auditoría especial, que se llevó a cabo en varios procesos que se detallan en el referido documento.
![Documento de la impugnación de la Municipalidad de San Pedro Sula al informe del TSC.](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2023/05/tiempo.jpg)
La solicitud fue recibida el 21 de noviembre de 2022 en la Secretaría General y la Gerencia de Auditoría Sector Municipal, derivándose posteriormente la Orden de Trabajo No.002-2022-DAM-CFTM.
El documento manifiesta la asignación de Olman Omar Oyuela Torres (Gerente de Auditoría Municipal), Douglas Javier Murillo Barahona (Jefe del Departamento de Auditorias Municipales), y Fredis Jeovanny Castro Galeano (Supervisor de Auditorias Municipales) para cumplir con lo solicitado por la municipalidad sampedrana.
Municipalidad sólo pagará lo estimado
El alcalde, Roberto Contreras, sobre el tema dijo que a Sulambiente solamente le pagarán lo estimado en el contrato suscrito el 22 de octubre de 2014, que fue aprobado por el Congreso Nacional en julio de 2015.
Indicó que el monto que reclama Sulambiente por el reconocimiento del concepto de «mayores costos» no tiene ningún soporte legal.