Redacción. El alcalde del municipio de San Luis, Santa Bárbara, Ronmel Rivera, se pronunció este miércoles tras la captura de su hijo, Manuel Alejandro Rivera Pineda, detenido junto a tres personas más por portar armas de grueso calibre.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el edil dejó claro que, aunque respalda emocionalmente a su hijo, no intervendrá en el proceso legal ni intentará desviar la responsabilidad.
“Soy el padre y no soy responsable de sus actos. Aquí nada es político”, escribió Rivera, horas después del operativo policial que terminó con la detención del joven.

Rivera Pineda fue arrestado durante un retén instalado en Ceibita, Quimistán, Santa Bárbara, por agentes policiales. En el mismo vehículo viajaban el subinspector de la Policía Nacional, José Antonio Zaldívar Perdomo, el comerciante Francisco José Toro Pineda y el ganadero Ángel Javier Bu Fernández.
Según el informe policial, los cuatro ocupantes del vehículo evadieron un control de rutina, lo que derivó en una persecución que culminó con su captura.
Durante la inspección, las autoridades encontraron dos fusiles Colt AR-15, dos pistolas Glock, cargadores y munición, además de una camioneta Toyota Hilux, año 2022.
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Errores que se cometen
En su mensaje, el alcalde Rivera reconoció que su hijo cometió un error y que debe enfrentar las consecuencias.
“Errores que se cometen, pero para eso está la justicia, que procedan conforme a ley para que agarren escarmiento”, manifestó.
Rivera también cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación, a quienes calificó de “amarillistas”. Aseguró que los detenidos “no son traficantes ni delincuentes”, sino jóvenes que, según dijo, habrían cometido “errores de jóvenes que tienen que pagar su delito”.
Pese a su postura crítica hacia la prensa, el edil reafirmó su vínculo afectivo con su hijo. “Me toca apoyarlo porque es mi sangre, mi hijo”, escribió, evidenciando el dilema que enfrenta entre su rol de padre y el de funcionario público.

Agentes policiales presentaron a los cuatro detenidos ante las autoridades correspondientes, acusados del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, de uso prohibido y de uso comercial, en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras.