Redacción. Lo que debía ser un espacio de atención ciudadana se transformó en un campo de batalla este viernes, cuando el alcalde de San José del Potrero, Renán Rodríguez, del Partido Libertad y Refundación (Libre), protagonizó un violento enfrentamiento en las oficinas del Registro Civil Municipal de Comayagua.
El incidente ocurrió en un contexto de tensión, ya que el lugar había sido tomado por miembros disidentes de su propio partido, en alianza con simpatizantes de un partido de oposición, quienes habían estado controlando el edificio durante varios días.
Testigos relatan que el edil llegó al lugar en un intento por recuperar el control de las instalaciones, donde se han paralizado trámites esenciales como partidas de nacimiento, constancias y certificaciones.
Sin embargo, lejos de encontrar un canal de diálogo, Rodríguez reaccionó con furia y terminó a los golpes con uno de los manifestantes.
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“Fue vergonzoso ver al alcalde lanzando manotazos. Nosotros solo veníamos a sacar un documento”, dijo doña Petrona, una vecina afectada por el cierre del Registro Civil.
Otros presentes señalaron que la discusión se salió rápidamente de control, poniendo en riesgo incluso a menores y adultos mayores que esperaban ser atendidos.
Problemas en lo interno de Libre
La toma del local obedece, según los manifestantes, a un reclamo por decisiones excluyentes y presuntas irregularidades en la gestión municipal. Mientras tanto, la violencia protagonizada por la máxima autoridad local ha generado rechazo en la comunidad, que exige una solución pacífica y urgente.
“Nos están usando como carne de cañón en sus pleitos políticos”, denunció un joven dirigente comunitario. “Necesitamos líderes que gobiernen con diálogo, no con los puños”, agregó el mismo joven.
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Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.
Sin embargo, la escena de un alcalde lanzando golpes en un edificio público ya circula en redes sociales y medios locales, provocando indignación y llamados a una investigación formal por abuso de autoridad y alteración del orden público.
Mientras tanto, los pobladores siguen esperando que las puertas del Registro Civil se abran no con violencia, sino con responsabilidad y respeto por la institucionalidad.