Redacción. Mike Johnston, alcalde de Denver, en Colorado, Estados Unidos, y miembro del Partido Demócrata, expresó que no le preocupa enfrentar una posible encarcelación por su postura en contra de las deportaciones masivas prometidas por el republicano Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato en enero.
Algunos comentarios hechos por el alcalde, que luego aclaró, han causado controversia entre los republicanos. Estos argumentan que un líder local no tiene autoridad para oponerse a las políticas migratorias federales, ya que eso podría considerarse un acto de “insurrección”.
Tom Homan, quien será el futuro ‘zar de la frontera’ bajo la administración de Trump, declaró que interferir con un agente federal constituye un delito. A su vez, expresó su disposición a encarcelar a Johnston si llegara a ocurrir tal situación.
Johnston ha manifestado su rechazo al empleo de tropas estadounidenses para abordar cuestiones migratorias.
No obstante, ha aclarado que “si alguien es un criminal violento que comete delitos graves como asesinato o violación en Denver, esa persona debe procesarse con todo el peso de la ley y deportada”.
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“No tengo miedo”
El alcalde dijo que “no tiene miedo” de ir a prisión por su postura contra una acción “ilegal, inmoral y no estadounidense”.
Johnston cuenta con el respaldo de organizaciones humanitarias como Hope Has No Borders (Esperanza sin Fronteras).
“La gente de Denver y aquellos específicamente en mi comunidad, madres, vecinos y recién llegados por igual, no queremos vivir en un mundo donde el Ejército estadounidense esté desplegado en nuestras ciudades para tocar puertas y llevarse a las personas de su elección. Eso no es Estados Unidos y ese no es el mundo en el que vivimos”, lamentó Andrea Ryall, directora ejecutiva de la organización.
Las autoridades locales en Estados Unidos se están preparando para proteger a los migrantes frente al nuevo mandato del expresidente Trump (2017-2021).
En Los Ángeles, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la semana pasada una medida para prohibir el uso directo o indirecto de recursos y personal local en actividades federales relacionadas con la inmigración.
Por otro lado, los gobernadores de California, Arizona y Nuevo México, tres de los cuatro estados fronterizos con México, han declarado que no participarán en las deportaciones masivas.